Por: La Redacción.
Ciudad de México., a 23 de marzo del 2026.- Bajo el disfraz de la «transparencia» y el combate al lavado de dinero, diversos gobiernos de las Américas han desatado una cacería legal contra la sociedad civil organizada. Amnistía Internacional presentó hoy su informe “Rompiendo el tejido social”, donde denuncia cómo países como Venezuela, Nicaragua, Perú y El Salvador están implementando leyes para asfixiar, controlar y desaparecer a las organizaciones que incomodan al poder.
De acuerdo con Ana Piquer, Directora para las Américas de Amnistía Internacional, existe un patrón regional que busca silenciar las voces críticas. El proceso es siempre el mismo:
- Estigmatización: Voceros oficiales llaman a los defensores «enemigos internos», «traidores» o «agentes extranjeros» (¿te suena familiar?).
- Leyes «Exprés»: Se aprueban normas sin consulta pública que exigen requisitos imposibles de cumplir.
- Asfixia Financiera: Se imponen impuestos abusivos o se bloquea el acceso a recursos internacionales para que las ONG mueran por falta de fondos.
Uno de los puntos más alarmantes del informe es la obligación de entregar listas detalladas de donantes y, lo más grave, de los beneficiarios. En contextos de violencia, esto es entregarle al Estado un «catálogo» de víctimas, personas LGBTIQ+, pueblos indígenas y defensores de territorios para que puedan ser perseguidos con mayor precisión.
En países como Nicaragua, esto ha provocado el cierre de miles de organizaciones; en Perú, una ONG podría ser disuelta simplemente por representar legalmente a víctimas de abusos estatales en un juicio contra el Gobierno.
Amnistía Internacional es clara: cuando una organización es silenciada, quien pierde es la gente. Son estas organizaciones las que documentan los abusos que las Fiscalías ocultan, las que acompañan a las madres de desaparecidos y las que monitorean que las elecciones no sean un fraude.
