
Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 25 de septiembre del 2026.- Ante el recurrente problema de acoso y agresiones que enfrentan diariamente usuarios del transporte público —particularmente mujeres y jóvenes—, el Congreso del Estado aprobó la implementación de un protocolo oficial y obligatorio para la prevención, detección y atención de casos de abuso sexual en las unidades de transporte.
La medida legislativa busca arrancar de raíz la normalización de la violencia en el sistema de movilidad urbana, obligando a las autoridades de transporte y a las corporaciones de seguridad a dejar atrás la simulación y contar con un mecanismo estandarizado de actuación inmediata.
Durante años, las denuncias por acoso, hostigamiento y tocamientos indebidos dentro de los camiones urbanos se estrellaban contra un muro de burocracia, apatía de los operadores y la falta de protocolos claros sobre cómo proceder al momento de registrarse una agresión en plena ruta.
Con este nuevo acuerdo, las reglas cambian radicalmente:
Acción obligatoria de los operadores: Los choferes y concesionarios contarán con pautas claras sobre qué hacer, a qué dependencias llamar y cómo asegurar la unidad y a la víctima en caso de un ataque.
Protección integral y contención: Se establecen directrices para garantizar que la persona afectada no quede desamparada, recibiendo acompañamiento jurídico y psicológico inmediato por parte de las instituciones competentes.
Cero tolerancia a la impunidad: El protocolo busca disuadir a los agresores al facilitar la detención en flagrancia y la coordinación directa con las autoridades de seguridad pública.
Si bien la aprobación de este protocolo representa un avance histórico y un respiro para los sectores más vulnerables que dependen del transporte público, el verdadero desafío radicará en su aplicación práctica y en la capacitación constante de los choferes y supervisores de transporte.
La exigencia ciudadana ahora apunta a que las secretarías y direcciones encargadas de la movilidad y la seguridad no escatimen recursos en socializar el protocolo, colocar señalética visible con líneas de emergencia en cada unidad y garantizar que denunciar el acoso en el camión deje de ser un calvario para las víctimas en Chihuahua.






