Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Ciudad de México., a 25 de septiembre del 2026.- En medio de la confrontación desatada en el Poder Legislativo en torno a los límites de la expresión en plataformas digitales, el senador por Chihuahua, Javier Corral Jurado, salió al paso de los señalamientos que califican la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como una “Ley Antimemes”.
Durante la Reunión Ordinaria de Comisiones Unidas de Justicia, Economía y Estudios Legislativos, el senador aseveró categóricamente que la propuesta no busca penalizar la parodia ni restringir la libertad de expresión ciudadana.
Frente a las críticas de actores políticos de oposición, Corral Jurado desestimó las advertencias sobre una presunta escalada de censura y atribuyó el revuelo a una «interpretación política, sesgada y no técnica». A su juicio, el debate se ha magnificado debido a un «radicalismo verbal» que desvirtúa el verdadero propósito de las modificaciones al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.
El también presidente de la Comisión de Justicia detalló que el núcleo de la reforma —presentada el pasado 1 de junio de 2026— radica en modernizar el marco jurídico de propiedad intelectual para cumplir con compromisos internacionales como el T-MEC. En este sentido, explicó que el cambio fundamental consiste en sustituir el ambiguo concepto de «ánimo de lucro» por el criterio técnico de «escala comercial», estableciendo un umbral económico específico de 170 Unidades de Medida y Actualización (UMAs) para identificar delitos significativos.
Para que una conducta sea considerada punible bajo el nuevo tipo penal de identidad gráfica gubernamental, argumentó Corral Jurado, deben concurrir elementos estrictos y objetivos:
- Que la reproducción o utilización de logotipos, dominios electrónicos o documentos oficiales se realice a escala comercial.
- Que tenga como propósito directo inducir a error o engaño a la población para simular comunicaciones oficiales.
Como ejemplo de las prácticas que verdaderamente busca erradicar la legislación, el senador cuestionó la proliferación de portales fraudulentos que emplean la identidad gráfica del Estado para defraudar a ciudadanos, citando casos donde se simulan plataformas gubernamentales para inducir inversiones falsas.
Con el objetivo de cerrar el paso a interpretaciones discrecionales y calumnias sobre los alcances de la reforma, el legislador informó que el dictamen fue sometido a modificaciones sustanciales tras un proceso de revisión con instituciones como la Fiscalía General de la República (FGR) y la Consejería Jurídica.
Entre los cambios aprobados por mayoría de las comisiones destaca la eliminación de la presunción automática de dolo en el cuerpo normativo, garantizando que sea el Ministerio Público quien cargue con la responsabilidad probatoria de acreditar la intencionalidad delictiva, en estricto apego al sistema penal acusatorio y a la presunción de inocencia.
Con estas adecuaciones, el bloque oficialista busca desactivar el costo político de la discusión, aunque el choque entre la salvaguarda institucional frente al fraude digital y la permanente suspicacia sobre los límites del escrutinio ciudadano continúa marcando la agenda legislativa nacional.
