Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 5 de agosto del 2026.- El Gobierno Municipal de Chihuahua encabezado por el alcalde Marco Bonila Mendoza, a través de su Comité de Transparencia, aprobó por unanimidad clasificar como información reservada la totalidad de los documentos relacionados con la construcción del bulevar Luis H. Álvarez (también conocido como Poniente 5) en su primera etapa. La medida, emitida bajo el acuerdo CT-ACR-012/2026, congela el acceso a los expedientes técnicos, financieros y legales por un periodo de seis meses.
La solicitud de acceso a la información pública con el número de folio 080146126000356, presentada el pasado 30 de julio de 2026, exigía claridad sobre los estudios y permisos generados desde el año 2023. Ante esto, la Dirección de Obras Públicas —a cargo de Carlos Alberto Rivas Martínez— solicitó la reserva argumentando riesgos en los procesos de contratación.
Los expedientes bloqueados a la ciudadanía y posibles licitantes incluyen:
- Proyecto ejecutivo: Catálogo de conceptos, presupuestos, análisis de precios unitarios, planos ejecutivos, memorias de cálculo de ingeniería, especificaciones técnicas y programa de obra.
- Impacto Ambiental: Manifestaciones y resoluciones ecológicas correspondientes.
- Estudios financieros: Análisis costo-beneficio y suficiencias presupuestales.
- Permisos de construcción: Trámites ante instancias como Conagua, CFE y vialidad.
Para justificar el bloqueo de la información, el Comité de Transparencia —presidido por Carlos Manuel Fabela Muñoz— fundamentó su resolución en los artículos 124 fracciones VII y IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, así como en normativas federales.
El argumento central de la dependencia municipal radica en que la divulgación anticipada del proyecto ejecutivo y del presupuesto base podría, incentivar prácticas anticompetitivas o acuerdos colusorios entre los participantes, provocando que las ofertas económicas se ajusten artificialmente al techo presupuestal en lugar de reflejar costos reales de mercado.
Así como provocar afectaciones a los principios de economía, imparcialidad y eficiencia en la obtención de las mejores condiciones de contratación para el Estado y vulnerar el proceso deliberativo y el debido proceso administrativo previo a la formalización de los contratos.
El acuerdo, signado también por la secretaria del Comité, Abagdra Yaqueline Hernández Ortiz, y los vocales Alan Esteban Onofre Hernández y Carla María Vargas Ruiz, establece un plazo de reserva temporal de seis meses a partir del 3 de agosto de 2026.
La autoridad directa responsable de la guarda, custodia y protección de los documentos clasificados será el propio director de Obras Públicas Municipales, Carlos Alberto Rivas Martínez. La resolución estipula que, una vez concluidas las causales de reserva o finalizados los procedimientos de contratación que motivaron el bloqueo, la dependencia deberá presentar un acuerdo de desclasificación para que los datos vuelvan a ser públicos.
Desde una perspectiva de rendición de cuentas y fiscalización ciudadana, ocultar información clave como el impacto ambiental, los estudios financieros de costo-beneficio y los permisos de construcción de una obra de la magnitud del «Poniente 5» constituye una medida altamente cuestionable y delicada.
Si bien el Comité de Transparencia municipal se ampara legalmente en el argumento de evitar prácticas anticompetitivas o colusorias previas a las licitaciones, en la práctica este tipo de reservas por un periodo de seis meses genera efectos negativos severos para el escrutinio público:
Tratándose de proyectos de gran calado que involucran presupuestos millonarios, la ciudadanía y los medios necesitan auditar los análisis financieros desde el inicio para evaluar si la inversión realmente se justifica y si los recursos se asignan de manera eficiente.
Las manifestaciones de impacto ambiental y las resoluciones ecológicas correspondientes no deberían considerarse información reservada bajo el pretexto de los procesos de contratación, ya que involucran el interés ecológico directo de la comunidad y su ocultamiento impide conocer anticipadamente las afectaciones al entorno natural y sus mecanismos de mitigación.
Clasificar expedientes técnicos, planos y memorias de cálculo por periodos prolongados debilita la confianza institucional. En lugar de blindar los procesos, la reserva alimenta la sospecha de que se intentan ocultar temporalmente irregularidades, deficiencias técnicas o trámites incompletos.
Aunque la protección de los procesos de contratación posee una validez técnica para evitar la manipulación de ofertas económicas basadas en el presupuesto base, los estudios ecológicos, de viabilidad financiera y los permisos legales deberían mantenerse abiertos al público por ser pilares fundamentales de la transparencia y la participación democrática en el desarrollo urbano de Chihuahua.
