Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 5 de agosto de 2026. — En una escalada de su política de seguridad exterior, el Gobierno de Estados Unidos —bajo la administración de Donald Trump y la directriz del secretario Marco Rubio— anunció este miércoles un paquete histórico de recompensas por un total de hasta 102 millones de dólares, además de restricciones severas de visado, apuntando directamente a la estructura de liderazgo del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La medida llega en un momento clave de reconfiguración del narcotráfico transnacional, tras la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, ocurrida en febrero de este año. Con este vacío en la cúpula, Washington busca acelerar la desarticulación de la organización criminal —previamente catalogada como Organización Terrorista Extranjera (FTO)— intensificando la presión financiera, jurídica y diplomática.
El eje central del comunicado emitido por la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley sitúa a Juan Carlos Valencia González, alias “Pelón” o “El 03”, como el objetivo principal de la estrategia estadounidense.
Valencia González, hijastro de «El Mencho», asumió el liderazgo de la estructura criminal tras el fallecimiento de su predecesor. El monto ofrecido por información que conduzca a su arresto o condena pasó de 5 millones a 25 millones de dólares, posicionándolo como uno de los fugitivos más codiciados por las agencias de seguridad de la Unión Americana.
El paquete de 102 millones de dólares no se limita a la cabeza del cártel, sino que fragmenta los incentivos para debilitar a los mandos operativos y financieros de la organización en colaboración con agencias como la DEA, el FBI, el HSI y el Departamento de Justicia:
Hasta 15 millones de dólares para Audias Flores Silva (“Jardinero”), Gonzalo Mendoza Gaytán (“Sapo”) y Julio Alberto Castillo Rodríguez (“Chorro”) (yerno de Oseguera Cervantes), cuyas acusaciones formales fueron desclasificadas este mismo día por el Departamento de Justicia.
Hasta 10 millones de dólares por cada uno de los operadores clave: Ricardo Ruiz Velasco (“Tripa”), Julio César Montero Pinzón (“El Tarjetas”) y Carlos Andrés Rivera Varela (“La Firma”).
Y hasta 2 millones de dólares por información referente a Griselda Margarita Arredondo Pinzón.
Más allá de la persecución penal y los incentivos económicos, la estrategia estadounidense endureció su componente migratorio contra el entorno cercano del cártel. El Departamento de Estado confirmó la imposición de restricciones de visa a 65 personas, entre familiares, socios personales y comerciales vinculados al CJNG bajo la Orden Ejecutiva 14059. De este bloque, 26 contaban con visas vigentes que ya fueron revocadas.
Desde la implementación de esta política punitiva en junio de 2025, la administración estadounidense acumula 93 visas canceladas a círculos de apoyo de cárteles catalogados como terroristas, bajo la premisa de negarles el acceso a territorio norteamericano y frenar operaciones de lavado y refugio.
Analistas de seguridad apuntan a que esta ofensiva de Washington busca forzar una respuesta bilateral más agresiva en un momento en que el mapa criminal mexicano atraviesa reacomodos violentos. Mientras los programas federales estadounidenses de recompensas —que celebran su 40 aniversario bajo el marco del NRP y el TOCRP con más de 200 millones de dólares desembolsados históricamente— intentan fracturar la lealtad interna del CJNG, persiste el desafío crítico sobre la capacidad real de coordinación operativa en terreno mexicano para capturar a los nuevos cabecillas sin detonar mayores olas de violencia regional.
