Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 4 de noviembre del 2026.- La controversia política y operativa generada por el caso El Pinal, en el municipio de Morelos, llegó a su punto más alto en el Congreso del Estado. Con una votación de 18 votos en contra por parte del bloque integrado por el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, el Poder Legislativo desechó de plano la propuesta de exhortar a la gobernadora María Eugenia Campos Galván a solicitar licencia temporal a su cargo mientras se deslindan responsabilidades sobre el operativo.
La iniciativa, impulsada por la diputada de Morena Magdalena Rentería, planteaba la separación preventiva de la titular del Ejecutivo para asegurar la imparcialidad en los procesos de investigación. El rechazo se consumó en una sesión marcada por votaciones a distancia del bloque oficialista, sumado a dos abstenciones por parte de las bancadas del PT y Partido Verde, y dos ausencias en la emisión de voto.
El debate legislativo expuso dudas sobre el actuar de las corporaciones de seguridad en Chihuahua. Información ventilada en procedimientos judiciales indica que la presencia de ciudadanos estadounidenses en tareas o acompañamiento con fuerzas estatales no se limitó a un hecho aislado, sino que podría registrarse desde octubre de 2025.
| Eje del Conflicto | Posición de la Oposición (Morena) | Postura de la Mayoría (PAN-PRI-MC) |
| Soberanía y Operatividad | Cuestionan el fundamento legal para permitir el acceso y portación de armas a agentes extranjeros. | Consideran el exhorto una maniobra de desgaste político y desechan la petición. |
| Alcance de la Responsabilidad | Afirman que la renuncia del exfiscal César Jáuregui no exime la responsabilidad política del Ejecutivo. | Dan por atendido el conflicto con las modificaciones y relevos en las dependencias. |
| Acceso a la Información | Exigen transparentar bitácoras de la SSPE, convenios bilaterales y registros de acceso a instalaciones. | Bloquean el punto de acuerdo sin abrir la discusión sobre los protocolos de cooperación. |
Para la legisladora promovente, la salida del exfiscal general César Jáuregui Moreno no liquida la exigencia de rendición de cuentas, pues subsiste la interrogante de si la gobernadora estaba al tanto de las actividades de personal foráneo o si existió un quiebre en la cadena de mando sobre la Subsecretaría de Movilidad y la Fiscalía.
El rechazo en bloque mediante votación remota evita que el Congreso ejerza su rol de contrapeso frente al Ejecutivo, priorizando el resguardo de la figura gubernamental sobre la exigencia de peritajes independientes.
Permitir la participación o presencia no aclarada de elementos extranjeros en tareas reservadas al fuero nacional o local roza límites normativos de alta sensibilidad. El desestimar las solicitudes de informe a la Fiscalía y a la SSPE perpetúa la opacidad sobre los convenios vigentes de cooperación transfronteriza.
La solicitud de licencia temporal no implica una sanción ni una declaración de culpabilidad penal, sino una medida prudencial para salvaguardar las pesquisas. El cierre de esta vía deja a la administración estatal ante el reto de despejar, por vías administrativas, la percepción de injerencia política en las investigaciones.
Con este fallo, el caso El Pinal se sostiene como un expediente abierto en la discusión pública, donde la exigencia de esclarecer los hechos choca con la postura del bloque mayoritario en el Poder Legislativo.
