Por: Estela Melka Ben-Ami.
Puerto Príncipe, Haití., a 30 de octubre del 2026.- Bajo el argumento de recuperar a cuatro aerotécnicos y pacificar el país caribeño, El Salvador ejecutó una intervención armada unilateral sin aval multilateral claro.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, confirmó a través de sus canales oficiales la finalización del despliegue de tropas y equipo militar salvadoreño en suelo haitiano. La incursión armada, justificada por el gobierno centroamericano como una misión de auxilio y pacificación, marca un precedente sin precedentes en la proyección militar de El Salvador en la región.
A pesar de que el mandatario insistió en que la presencia de las Fuerzas Armadas salvadoreñas no constituye una invasión ni busca atentar contra la soberanía haitiana, el movimiento representa una intervención militar directa sobre el terreno que evade los cauces y protocolos multilaterales tradicionales.
De acuerdo con las declaraciones de Bukele, la incursión de las tropas salvadoreñas responde a dos objetivos operativos inmediatos, el primero de ellos la extracción y recuperación con vida de cuatro aerotécnicos salvadoreños retenidos o bajo alto riesgo en territorio caribeño.
Y dos el combate frontal y directo contra los grupos armados que mantienen bajo su control operativo grandes extensiones de Puerto Príncipe y zonas periféricas.
El presidente salvadoreño destacó que esta operación no cuenta con el patrocinio financiero de organismos internacionales ni de grandes potencias; por el contrario, reveló que las «pequeñas arcas» del Estado salvadoreño cubren más del 90% de los costos del despliegue, contando únicamente con un apoyo logístico menor de aliados internacionales.
Para validar la presencia de sus tropas en el exterior, la administración de Bukele apela al antecedente de su propia política interna de seguridad. El argumento oficial sostiene que, tras haber superado una crisis de violencia extrema que desangró al país durante décadas, El Salvador cuenta ahora con la capacidad táctica y moral para aplicar sus métodos en otras naciones azotadas por el crimen organizado.
Sin embargo, esta proyección de fuerza militar fuera de sus fronteras consolida una política exterior agresiva que prioriza la acción directa sobre el diálogo diplomático o la mediación de organismos regionales.
El despliegue de las tropas salvadoreñas en Haití enciende las alarmas en el ámbito del derecho internacional y la seguridad regional por diversos factores clave que van vinculados a la falta de un aval multilateral, es decir que, toda incursión o despliegue de fuerzas armadas extranjeras en un país soberano debe alinearse con un mandato explícito y transparente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o marcos de la OEA. Mover tropas bajo agendas bilaterales o decisiones unilaterales vulnera los tratados internacionales en materia de soberanía.
La ausencia de una supervisión internacional independiente sobre el actuar de los soldados salvadoreños en territorio haitiano abre interrogantes sobre el respeto a las garantías individuales, el manejo de víctimas civiles y los límites operativos en zonas de combate urbano dominadas por las pandillas.
Apoyar la estabilidad de una nación mediante la irrupción de ejércitos extranjeros —sin una estrategia integral para reconstruir el tejido político e institucional de Haití— corre el riesgo de repetir los fracasos de previas intervenciones internacionales que solo postergaron la crisis estructural del país caribeño.
El envío de tropas por parte de El Salvador a Haití expone la urgencia de atender la catástrofe de seguridad en el Caribe, pero también evidencia los riesgos de ejecutar incursiones militares al margen de los contrapesos diplomáticos y la legalidad internacional.
