Por: Estela Melka Ben-Ami.
Ciudad de México., a 30 de octubre del 2026.- Ante la Cámara de Diputados, el contralor del INE, Víctor Hugo Carvente, confirmó que un cártel de cinco empresas vinculadas entre sí monopolizó los contratos de material electoral durante más de una década. Hay 18 expedientes abiertos y cinco funcionarios señalados por conflicto de interés.
Lo que durante años se denunció como una sospecha recurrente en los pasillos de la burocracia electoral ha quedado al desnudo en el Poder Legislativo: el presupuesto destinado a organizar la democracia mexicana ha servido para enriquecer a un monopolio empresarial enquistado en las entrañas del organismo electoral.
El titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE), Víctor Hugo Carvente Contreras, confirmó ante Comisiones Unidas de la Cámara de Diputados que, al menos desde 2014 y hasta 2025 —transitando por las gestiones de Lorenzo Córdova Vianello y Guadalupe Taddei Zavala—, un grupo de cinco empresas coludidas simuló competencia para acaparar contratos públicos por un monto superior a los 2 mil 461 millones de pesos.
De acuerdo con lo expuesto por el contralor durante su comparecencia ante las comisiones de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de Transparencia y Anticorrupción, la red de abasto de material e insumos electorales —tanto para el INE como para los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs)— operó mediante un esquema de «simulación de competencia».
Las cinco compañías identificadas por el OIC que comparten socios, apoderados legales e intereses financieros son:
- Cajas Graf
- Corporativo Zeg
- Formas Finas y Materiales
- Comercializadora JVLY
- Seriplas de México
Mediante esta triangulación, las empresas competían entre sí en las licitaciones públicas para simular pluralidad de ofertas y asegurar que el fallo favoreciera invariablemente a su misma red económica, capturando miles de millones de pesos del erario.
La comparecencia del contralor no estuvo exenta de ríspidos cuestionamientos. Diputadas y diputados de diversas bancadas encararon a Carvente Contreras, acusándolo de omisión y tibieza por no haber frenado el saqueo institucional desde sus primeras etapas.
En respuesta, el titular del OIC reveló el avance de las pesquisas administrativas:
- 18 expedientes abiertos: De los cuales uno es la causa maestra, cuatro por actuación u ocultamiento de conflicto de interés en lo individual, y ocho derivados de auditorías internas.
- Cinco funcionarios imputados: Ya existen procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados contra cinco servidores públicos a quienes se les entregó citatorio formal.
- Turno al Tribunal Federal (TFJA): Debido a que las faltas investigadas se tipifican como graves (conflicto de interés y tráfico de influencias), el OIC carece de facultades para sancionar directamente, por lo que los casos serán resueltos por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, de acreditarse delitos penales, se dará vista a la Fiscalía General de la República (FGR).
Cuestionado en repetidas ocasiones sobre si existe una carpeta o investigación directa contra la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei o exconsejeros de la era Córdova, Carvente se negó a confirmar o descartar nombres propios, atrincherándose en el principio de reserva y debido proceso.
El hallazgo presentado por el OIC desmitifica la supuesta «blindaje e impecabilidad» con la que se ha promovido históricamente al árbitro electoral. Que un cártel de proveedores haya operado impunemente a lo largo de 11 años, atravesando reformas constitucionales, alternancias políticas y relevos en la presidencia del instituto, demuestra una ceguera institucional cómplice o una negligencia criminal en los mecanismos internos de fiscalización.
El hecho de que el monopolio haya trascendido administraciones de signos políticos opuestos evidencia que el negocio del material electoral no era un error operativo, sino un esquema estructural tolerado por las altas esferas del poder administrativo del INE.
Hoy, la pelota no solo está en la cancha del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sino en la capacidad de la Cámara de Diputados para exigir sanciones ejemplares y la inhabilitación definitiva de las empresas involucradas. Sin castigo a los verdaderos beneficiarios políticos y financieros de este esquema, el discurso de la transparencia electoral seguirá siendo solo una costosa simulación.
