Por La Redacción

Washington, EUA., a 9 de mayo del 2026.- El brazo financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha demostrado una agilidad corporativa que desafía las sanciones internacionales. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. emitió este sábado una alerta urgente tras detectar que el complejo turístico Kovay Gardens, sancionado apenas en febrero de 2026, ha mutado su identidad para continuar operando una millonaria red de fraudes de tiempos compartidos.

Según el informe del Tesoro, el resort ubicado en Bahía de Banderas, Nayarit, opera ahora bajo dos nuevos alias comerciales: Navira Villas & Residences y Marina Oasis Beachfront Resort. Esta estrategia de «rebranding» criminal busca evadir el bloqueo de activos y continuar captando víctimas, principalmente adultos mayores en Estados Unidos y Canadá, mediante promesas engañosas de inversión turística.

El esquema de fraude reportado por el FBI es una operación de ingeniería social dividida en tres fases críticas:

  1. El Gancho: Atraen a clientes mediante llamadas y promociones de alta gama para presentaciones de venta de tiempos compartidos.
  2. La Falsa Rentabilidad: Prometen ganancias exorbitantes por la reventa o renta de estos contratos, inexistentes en la realidad.
  3. La Doble Estafa: Una vez que la víctima intenta recuperar su dinero, es contactada por «abogados» o «gestores» (miembros de la misma red) que exigen pagos adicionales por supuestos impuestos o trámites legales para liberar fondos que nunca existieron.

«Las organizaciones criminales como el CJNG victimizan constantemente a los estadounidenses para obtener ganancias», afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Las cifras respaldan la gravedad del asunto: investigaciones del FBI revelan que, entre 2019 y 2023, cerca de 6,000 personas denunciaron pérdidas que suman aproximadamente 300 millones de dólares vinculados a este modelo de negocio ilícito en la Riviera Nayarit y Puerto Vallarta.

Esta expansión de sanciones incluye no solo a las empresas fachada, sino a una red de operadores financieros que han convertido los destinos de lujo del Pacífico mexicano en un centro de lavado de dinero y extorsión transnacional.