Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 15 de febrero del 2026.- El Colectivo 10 de Octubre se sumó su voz y firma al enérgico reclamo nacional dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la Fiscalía General de la República por la opacidad en el caso de los 10 mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa.
Las familias chihuahuenses, que conocen de cerca el dolor de las desapariciones en zonas controladas por el crimen organizado, respaldaron la exigencia de que se informe sobre los hallazgos en la comunidad de El Verde en la localidad de Concordia, Sinaloa.
El documento denuncia que el Gobierno Federal ha violentado derechos fundamentales como el acceso a la verdad y el debido proceso, dejando a las familias en completo estado de indefensión mientras los grupos criminales ganan terreno en el Triángulo Dorado.
En un frente común que une a 429 familias y decenas de colectivos de todo el país, se ha lanzado una exigencia directa a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la fiscal Ernestina Godoy: transparencia total sobre la tragedia en Concordia, Sinaloa.
La misiva, que también señala la inoperancia del gobernador Rubén Rocha Moya, surge tras el hallazgo de restos en la comunidad de El Verde, donde se buscaba a los 10 mineros secuestrados el pasado 23 de enero por el cártel de «Los Chapitos». Aunque se han identificado a cinco víctimas, las familias denuncian que las autoridades los mantienen en la oscuridad, negándoles el acceso a la información y a la participación en las búsquedas.
Los puntos clave de la denuncia:
- Exclusión de las familias: Los colectivos aseguran que las autoridades trabajan sin coordinación y violan el derecho de las víctimas a participar en la investigación.
- Inequidad en la justicia: Alertan que mientras el caso de los mineros (de una empresa canadiense) atrajo atención, otros casos en la misma zona, como la desaparición de una menor y su padre en diciembre, han sido ignorados por la Fiscalía local.
- Crisis Forense: Exigen un catálogo de prendas y un plan de intervención in situ, ante la nula interlocución y la falta de presupuesto para identificación humana.
La carta subraya que el noroeste de México vive una crisis de lesa humanidad donde el miedo y la violencia obstaculizan la labor que, por ley, deberían hacer las instituciones y que hoy recae en los hombros de las madres buscadoras.
