Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 28 de mayo del 2026.- En lo que colectivos y ciudadanos han calificado como una medida de exclusión, la fachada del Congreso del Estado amaneció este día resguardada por un fuerte dispositivo de seguridad. El despliegue de elementos antimotines y el bloqueo de los accesos principales responden a una medida preventiva ante la llegada de organizaciones LGBT+ que han convocado a manifestarse de manera pacífica debido a que el día de hoy sería votado el dictamen para reconocer el matrimonio igualitario en el Código Civil.
Sin embargo, la tensión escaló tras los recientes eventos ocurridos en el “Pueblito Mexicano”, en Ciudad Juárez, detonaron una respuesta inmediata del Poder Legislativo local quien desplegó un operativo de restricción del flujo de personal y ciudadanos, obligando a que cualquier entrada o salida se realizara exclusivamente por la puerta ubicada sobre la avenida Juárez.
La presencia de oficiales con equipo táctico y escudos en las puertas del recinto generó críticas inmediatas por parte de quienes consideran que el Poder Legislativo se ha alejado de su función principal, entre esas voces que recriminaron el bloque a ciudadanos a la Torre Legislativa se encontró presente la del coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, diputado Cuauhtémoc Estrada Sotelo que señaló la contradicción que representa convertir la sede legislativa en un espacio inaccesible para la población.
En una declaración captada a las afueras del edificio, Cuauhtémoc Estrada Sotelo cuestionó la legitimidad de esta acción refiriendo que«La casa del pueblo en Chihuahua, pues ya no es casa del pueblo. Ya está reservada solo a las diputadas y a los diputados, sin razón alguna».
Estrada Sotelo subrayó que la ciudadanía posee el derecho inalienable de acudir y apoyar el trabajo legislativo, una libertad que hoy se ve suprimida: «Esta puerta, para quien nos ve, siempre está abierta en las horas de sesión, más y ahora, bloqueada por la fuerza pública».
La decisión de blindar el edificio con vallas y fuerza pública refleja la creciente fractura entre los colectivos que exigen ser escuchados y una administración que, ante el riesgo de confrontación, ha optado por el repliegue institucional en lugar del diálogo.
Mientras el Congreso permanece bajo resguardo, la pregunta que persiste en la opinión pública es si la seguridad debe estar por encima de la apertura democrática y el derecho a la libre manifestación en la que debería ser, por definición, «la casa del pueblo».
