Por: La Redacción.
Chihuahua, Chih., a 22 de septiembre del 2026.- A dos semanas de que el Congreso del Estado aprobara la tipificación del acecho como nuevo ilícito penal en la entidad, la diputada por Morena, Leticia Ortega Máynez, presentó un exhorto dirigido a la Fiscalía General del Estado (FGE) para exigir la capacitación urgente de su personal ministerial y policial, advirtiendo que la reforma legal corre el riesgo de convertirse en letra muerta si las instituciones carecen de protocolos y herramientas para investigarlo.
La legisladora subrayó que, si bien la incorporación del artículo 206 Quinquies al Código Penal local —avalada el pasado 10 de septiembre— representa un avance normativo innegable, la procuración de justicia no puede limitarse a la creación de figuras punitivas sin una reingeniería operativa en las agencias del Ministerio Público.
El planteamiento de la diputada pone el acento en una de las mayores debilidades históricas del sistema penal: la tendencia de las autoridades a minimizar conductas que, vistas de forma aislada, parecen inofensivas pero que configuran un patrón progresivo de hostigamiento. El acecho, recordó Ortega Máynez, abarca desde la vigilancia constante, la persecución y el seguimiento reiterado, hasta la búsqueda insistente de contacto no consentido.
Asimismo, la propuesta enfatiza la urgencia de actualizar los criterios de investigación hacia las nuevas formas digitales de acecho, donde las redes sociales, las aplicaciones de mensajería y diversos dispositivos electrónicos son instrumentalizados para ejercer control, vigilancia y acoso persistente sobre las víctimas.
El punto de acuerdo aprobado para su análisis y trámite demanda a la FGE acciones concretas:
Capacitación especializada: Formación integral para ministerios públicos y policías en la identificación, investigación y acreditación del acecho en sus modalidades física y cibernética.
Actualización de protocolos: Revisión y adecuación de los procedimientos para la recepción de denuncias, valoración de riesgos y preservación de evidencia digital y testimonial con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.
Prevención y actuación temprana: Establecer mecanismos de respuesta institucional que permitan proteger a las víctimas antes de que el acecho escale a agresiones físicas o de consecuencias fatales.
Difusión ciudadana: Lanzamiento de campañas accesibles para que la ciudadanía identifique claramente qué conductas constituyen este delito, dónde denunciarlas y qué mecanismos de protección están disponibles.
La exigencia de Ortega Máynez coloca el dedo sobre la llaga de la procuración de justicia en Chihuahua: crear un delito en el papel es apenas el primer peldaño; el verdadero examen para las instituciones radica en garantizar que una víctima pueda denunciar sin ser revictimizada y reciba protección efectiva del Estado.
