Por: La Redacción.
Ciudad de México., a 22 de septiembre del 2026.- Casi un año después de haber sido interpuesta, la demanda colectiva promovida por familiares de víctimas mortales y pacientes afectados por el uso de respiradores defectuosos durante la emergencia sanitaria de covid-19 retomó su curso legal, luego de que un tribunal federal echara abajo la resolución con la que se pretendía frenar el litigio.
El conflicto legal, que exige a la multinacional Philips México el pago de mil 260 millones de pesos por daños y perjuicios, había quedado estancado tras el acuerdo emitido por la jueza Primero de Distrito en el Estado de México, Arantxa Ramírez Villafuerte, quien desechó la demanda bajo el argumento de que 35 de los 42 promoventes no acreditaron ser representantes legales de las sucesiones de los fallecidos.
Sin embargo, tras una revisión de fondo, el Primer Tribunal Colegiado en el Estado de México catalogó los argumentos de la juzgadora como “incongruentes” al analizar aspectos de fondo e imponer obstáculos procesales indebidos a las víctimas directas e indirectas. Ante ello, los magistrados ordenaron revocar el desechamiento y devolver el expediente para que el juzgado verifique los requisitos de ley y continúe con el procedimiento correspondiente.
La demanda firmada por 42 afectados acusa a la filial de la compañía por la fabricación, distribución y comercialización de más de 10 modelos de ventiladores defectuosos desplegados en instituciones de salud de todo el país. Además de la compensación económica preliminar, los demandantes exigen:
- Una disculpa pública por las afectaciones a la salud y los decesos registrados.
- El retiro y la sustitución gratuita de los equipos defectuosos tanto en hogares como en centros de salud públicos y privados.
- Una campaña nacional de difusión para alertar sobre los riesgos asociados a dichos aparatos.
Asimismo, el expediente señala una presunta omisión por parte de la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, al argumentar que el gobierno federal tuvo conocimiento de la falla de los equipos y aun así omitió retirarlos de los hospitales públicos.
A pesar de que el litigio se encuentra en su fase de certificación y emplazamiento a la empresa —etapa en la que la jueza dio inicio al periodo para que Philips manifieste lo que a su derecho convenga—, la multinacional ha intentado frenar el avance mediante recursos de nulidad de notificaciones y apelaciones que han sido desechados por improcedentes al no tratarse aún de un auto admisorio definitivo.
Con este fallo judicial, se abre una ventana para que las familias de las víctimas busquen una reparación del daño y se esclarezcan las responsabilidades tanto corporativas como institucionales durante la gestión de la crisis sanitaria.
