Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 7 de abril del 2026.- En un estado donde el 70% de las mujeres ha enfrentado el rostro de la violencia, el Congreso local ha dado un paso histórico para evitar que las víctimas pasen de la agresión a la prisión. La 68 Legislatura aprobó reformar el Código Penal para garantizar que se considere la legítima defensa cuando una mujer, adolescente o niña se defienda de un agresor con antecedentes de violencia feminicida.
La reforma, impulsada por la diputada María Antonieta Pérez Reyes, no solo ajusta las leyes, sino que busca saldar una deuda moral con casos como el de María Guadalupe en 2015, quien tras defenderse de un ataque armado de su pareja, fue sentenciada por «homicidio en riña». Hoy, la ley reconoce que quien vive bajo una amenaza de muerte constante, tiene el derecho humano de reaccionar para sobrevivir.
El dictamen añade un párrafo vital al artículo 28 del Código Penal y modifica la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Por primera vez, se define con claridad la violencia feminicida: no es solo un golpe o un insulto, es la forma extrema de odio y discriminación que pone en riesgo la vida, afectando la libertad y el desarrollo de las mujeres, y que puede culminar en feminicidio o suicidio.
«Preocupa que la legislación penal esté fragmentada y no se apliquen protocolos sensibles al género», sentenció Pérez Reyes en tribuna. La diputada subrayó que el sistema judicial ha sido históricamente omiso al no valorar las pruebas con una perspectiva de género reforzada, especialmente cuando la defensa ocurre dentro de relaciones abusivas en el ámbito doméstico.
Esta reforma obliga a los jueces a mirar hacia atrás: a no juzgar solo el momento del disparo o la herida, sino a evaluar el historial de ataques, amenazas y terror previo que la víctima sufrió.
La legisladora también advirtió que la prisión preventiva obligatoria ha golpeado de forma desproporcionada a mujeres indígenas, pobres y trabajadoras sexuales. Con esta adición, Chihuahua se coloca a la vanguardia nacional, exigiendo que la administración de justicia deje de ser ciega ante el contexto de supervivencia de las mujeres.
Defenderse de un feminicida ya no será visto como un acto de provocación, sino como lo que siempre fue: el último recurso para seguir viva.
