Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 24 de septiembre del 2026.- Mientras los informes oficiales presumen la contención de ciertos delitos de alto impacto como el homicidio doloso —con una disminución nacional del 53% en su promedio diario entre septiembre de 2024 y agosto de 2026—, la realidad que experimentan millones de mexicanos en las calles dibuja un panorama radicalmente opuesto. La publicación de los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026, elaborada por el INEGI y analizada por México Evalúa, pone sobre la mesa un diagnóstico lapidario: el país padece una crisis estructural de seguridad donde la estadística gubernamental y la vivencia cotidiana caminan por rutas diametralmente opuestas.
Lejos de consolidar una mejora integral, el balance general revela que la estrategia de seguridad pública federal, centrada de forma exclusiva en una perspectiva estadocéntrica y punitiva, es incapaz de contener el volumen de la delincuencia y de responder a las necesidades de justicia de la ciudadanía.
En términos absolutos, la violencia delictiva no da tregua. Durante 2025 se estimaron 33.8 millones de delitos a nivel nacional, la cifra más alta registrada desde 2012 y un 1% superior a lo reportado en 2024. Aunque la tasa por cada 100 mil habitantes mostró una ligera baja del 1% (situándose en 34,442 delitos), el volumen de criminalidad permanece en niveles históricamente críticos.
Pero el problema no es solo cuántos delitos se cometen, sino cómo han mutado. La estructura delictiva del país ha sufrido una transformación profunda: mientras los robos tradicionales redujeron su participación del 52% al 32% del total entre 2018 y 2025, los delitos patrimoniales y de coacción se dispararon de forma alarmante. Las tasas de fraude aumentaron un 63%, las amenazas un 54% y la extorsión un 33% en el mismo periodo, convirtiéndose en el núcleo de la economía criminal que azota a 26 entidades con el fraude y a 17 con la extorsión en los primeros planos de frecuencia.
Uno de los datos más demoledores del informe es la persistencia de la «cifra oculta» (anteriormente conocida como cifra negra). En 2025, el 93.4% de los delitos no fueron denunciados o no derivaron en una carpeta de investigación. Tras más de una década, el indicador se mantiene prácticamente inamovible frente al pico histórico de 93.8% alcanzado en 2013.
Esto significa que apenas unos siete de cada 100 delitos llegan al conocimiento de las autoridades. La tragedia se agrava al analizar los delitos emergentes: la cifra oculta alcanza un escandaloso 97.5% en casos de extorsión y 96.5% en fraude. El Estado mexicano diseña e implementa políticas de seguridad a ciegas, operando con una fracción mínima de la información real mientras el grueso de la criminalidad cotidiana se sumerge en la impunidad.
La incapacidad del Estado para garantizar paz se traduce también en una pesada carga financiera para los hogares. En 2025, los costos económicos del delito ascendieron a 388.7 mil millones de pesos, una cifra equivalente a 1.5 veces el presupuesto destinado a las dependencias federales de seguridad y 6.4 veces los subsidios asignados a los estados y municipios en la materia.
Mientras las pérdidas directas por victimización han tendido a moderarse, el gasto que las familias destinan a medidas de protección se ha disparado un 27.9% desde 2012. Es decir ante la ineficacia oficial, los ciudadanos pagan de su propio bolsillo rejas, chapas, sistemas de seguridad y blindajes privados para sobrevivir.
A esto se suma la profunda desconfianza institucional. Las corporaciones más cercanas a la ciudadanía —aquellas a las que se acude en primera instancia para denunciar o prevenir— son las peor evaluadas: el 53.4% de la población desconfía de la policía de tránsito, el 42.2% de la policía preventiva municipal y el 40.3% de la policía estatal, niveles similares a los que acusan jueces y ministerios públicos. En contraste, las Fuerzas Armadas conservan índices de aprobación muy elevados (con una desconfianza de apenas 8.7% para la Marina y 12% para el Ejército), evidenciando que el componente civil y local del sistema de justicia está severamente roto.
El informe de México Evalúa concluye con una exigencia clara que interpela directamente a los poderes públicos: es urgente dejar de evaluar el éxito de la seguridad únicamente a partir de la reducción de homicidios o aseguramientos.
Para superar esta crisis estructural, la política nacional de seguridad debe transitar hacia tres ejes prioritarios:
Recuperar la información ciudadana mediante mecanismos de denuncia digital y reportes anónimos que alimenten inteligencia más allá del expediente formal.
Reconstruir las capacidades y la confianza en las instituciones locales, dignificando y profesionalizando a policías y fiscalías municipales y estatales.
Ampliar las métricas oficiales, incorporando la victimización, la contención de la cifra oculta, los costos económicos y la percepción social como metas obligatorias de gobierno.
La seguridad no puede medirse únicamente en las cifras alegres de los escritorios de Palacio mientras en las calles y colonias el país sigue pagando el costo del abandono institucional.
