Por: La Redacción.
Chihuahua, Chih., a 7 de abril del 2026.- En un estado donde la violencia familiar sigue siendo una herida abierta, el Congreso local ha decidido que las órdenes de protección dejen de ser simples «papeles» para convertirse en muros legales con consecuencias severas. A propuesta del Grupo Parlamentario del PAN, el Poder Legislativo aprobó reformar el Código Penal para castigar con rigor a quienes se atrevan a desafiar un mandato judicial diseñado para salvar vidas.
La reforma al artículo 278 no es un ajuste menor: ahora, quien desobedezca una orden de protección en favor de una víctima de violencia familiar enfrentará un incremento de dos terceras partes en su pena y multas que escalan desde los 23 mil hasta los 117 mil pesos (según el valor de la UMA).
Durante la exposición de motivos, la diputada Joceline Vega Vargas, presidenta de la Comisión de Feminicidios, fue contundente: el sistema anterior otorgaba un tratamiento homogéneo a cualquier tipo de desacato. Con esta reforma, se reconoce que incumplir una medida de protección en el ámbito familiar reviste una gravedad especial, pues vulnera directamente el derecho a la vida y la integridad de los más vulnerables.
Un punto clave de este análisis, realizado en la Mesa Técnica Interinstitucional, fue la ampliación del espectro de protección. El endurecimiento de las penas no solo blindará a las mujeres, sino que se extiende a niñas, niños, adolescentes y cualquier persona en situación de vulnerabilidad que sea víctima de violencia en el hogar.
Con esta adición al Código Penal, Chihuahua busca dotar de coherencia a su sistema jurídico: si el agresor decide ignorar la barrera impuesta por el juez, el costo será una sanción económica contundente y un tiempo prolongado tras las rejas.
La señal enviada desde la capital del estado es clara: en la lucha contra la violencia familiar, la desobediencia ya no es una opción barata.
