Aunque hermanados por su condición, los obispos Seitz de El Paso y Torres Campos de Ciudad Juárez ofrecen respuestas opuestas entre sí al abuso sexual.
Religión y vida pública: Seitz publicó en El Paso una lista de clérigos que abusaron, pidió perdón en público y ha compensado a las víctimas; Torres Campos, en cambio, hostiga a las víctimas en Ciudad Juárez.
Por Rodolfo Soriano-Núñez
Que Ciudad Juárez y El Paso son ciudades hermanas, unidas por algo más que la historia común de la fundación y la separación que vino después de la guerra de 1846-8, no impide que cualquier juarense o paceño sepa que también hay muchas diferencias entre ambas ciudades.
Las diferencias no acaban o empiezan con el idioma, la moneda, la manera de medir las distancias o las temperaturas. Se pueden observar de manera dramática en lo que hace a las historias de abuso sexual a manos de clérigos católicos. No es que el abuso sea peor en El Paso o en Ciudad Juárez. Cada una de las ciudades hermanas ha tenido su ración de depredadores sexuales.
La diferencia entre las ciudades separadas por el río Bravo o Grande, según de qué lado de la frontera esté uno, es que mientras El Paso, como muchas otras diócesis de Estados Unidos aceptó la realidad y entendió que atacar a las víctimas, humillarlas, desacreditarlas es peor para la Iglesia Católica, en Ciudad Juárez, como en muchas otras diócesis de México, se le apuesta a la amnesia, al olvido, a que las víctimas se mueran o a que la corrupción de las autoridades federales mexicanas y de Chihuahua resuelvan el problema a la Iglesia Católica.
Cuando se ve la frialdad de los números en la tabla 1, es posible advertir que las diócesis de El Paso y Ciudad Juárez son muy parecidas entre sí. La de El Paso reportó en 2021 a Roma que el 79.8 por ciento de los habitantes del territorio en el que opera esa diócesis son católicos, poco menos de 719 mil de un total de poco menos de 900 mil 400 habitantes en esa porción del estado de Texas.
Su hermana, la diócesis de Ciudad Juárez informó ese mismo año de 2021 que el 79.57 por ciento de los habitantes del territorio del estado de Chihuahua en el que opera esa diócesis eran católicos, poco menos de un millón 333 mil del casi un millón 700 mil personas que viven ahí.
Ciudad Juárez opera en casi 30 mil kilómetros cuadrados, poco menos de once mil millas cuadradas, desde 77 parroquias con 121 sacerdotes, con un promedio de once mil católicos por cada uno de esos 121 sacerdotes. El Paso opera en un territorio de casi 70 mil kilómetros cuadrados, poco menos de 27 mil millas cuadradas, desde 99 parroquias con 118 sacerdotes, y un promedio de poco menos de seis mil 100 católicos por cada uno de esos 118 sacerdotes.
Uno puede asumir que los sacerdotes de El Paso, para cumplir con sus deberes, deben cubrir distancias mucho mayores que sus contrapartes de Ciudad Juárez que, en cambio, deben atender a un mayor número de personas en un territorio más reducido.
Fuera de eso, es difícil decir que las cosas sean radicalmente distintas en los siete templos católicos dedicados a Nuestra Señora de Guadalupe en Ciudad Juárez, Chihuahua, respecto de los templos de las dos parroquias dedicadas Nuestra Señora de Guadalupe en El Paso, Texas.
Incluso los edificios, sus diseños, todos hablan de una misma religión, una cultura muy similar practicada, sin embargo, en dos contextos institucionales distintos. Eso es lo que cambia. Con todos los defectos que se le puedan imputar a la justicia en Estados Unidos, empezando por sus sesgos de raza u origen étnico, que hace que latinos y afroamericanos estemos siempre en mayor riesgo de ser culpados de algo malo en Texas, la realidad es que el sistema judicial estadunidense ofrece mayores oportunidades a las víctimas de encontrar algún alivio y reparación.
Reflejos
Los 15 kilómetros o poco más de nueve millas que separan a las parroquias de Nuestra Señora de Guadalupe, en Guadalupe, Chihuahua, de Our Lady of Guadalupe en Fabens, Texas, no cambian nada de la narración del hecho guadalupano, de la belleza de las fiestas del 12 de diciembre. Una es reflejo perfecto de la otra y viceversa.
Lo que cambia es que mientras en Texas las denuncias tienen alguna esperanza de prosperar, en Chihuahua, las denuncias de las víctimas terminan por convertirse en artefactos contra los denunciantes mismos.
Lejos de que marquen el inicio de un proceso para ofrecer justicia y restituir el tejido social y la confianza, son fácilmente convertidas por abogados al servicio de quien puede pagarles en la pesadilla que ha vivido Javier, el padre de Margarita, la niña que fue enviada por los abogados de la diócesis de Ciudad Juárez al ahora extinto albergue del DIF en Pradera Dorada.
No es que Mark Joseph Seitz, el obispo de El Paso, Texas, tenga algún don que lo haga especialmente mejor que José Guadalupe Torres Campos, el obispo de Ciudad Juárez, Chihuahua.
Es que, como lo atestiguan los muchos casos de culpables fabricados de los que ha dado cuenta Guadalupe Lizárraga en Los Ángeles Press, Chihuahua facilita que se cometan delitos; facilitar que esos delitos permanezcan impunes y que los juicios no sean garantía de justicia, más bien abren la puerta a que se fabriquen culpables.
