Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 27 de abril del 2026.- La guerra de narrativas entre el estado de Chihuahua y la Federación ha entrado en una fase de descalificación directa. Tras la presión ejercida desde Palacio Nacional y el Senado, el Grupo Parlamentario del PAN (GPPAN) en el Congreso local ha respondido con una ofensiva retórica que busca desarticular la autoridad moral de sus críticos, señalando lo que consideran una contradicción sistémica en la estrategia de seguridad nacional.
Alfredo Chávez Madrid, coordinador de la bancada panista, fue el encargado de fijar una postura que trasciende la solidaridad partidista. Al describir a María Eugenia Campos como una «gobernadora patriota que no claudica ante el crimen organizado», Chávez Madrid posiciona a Chihuahua como el último reducto de resistencia institucional.
Sin embargo, el punto más álgido de su mensaje no fue la defensa, sino el ataque. El legislador cuestionó severamente la legitimidad de los senadores de Morena para exigir rendición de cuentas, utilizando términos que sacuden la estructura del pacto político actual.
En un ejercicio de confrontación sin precedentes, Chávez Madrid puso nombres y apellidos a su desdén. Desde la tribuna, señaló a figuras como Gerardo Fernández Noroña y Adán Augusto López, pero fue especialmente incisivo al referirse al exgobernador Javier Corral. Al calificarlos como «delincuentes con fuero», el líder de la bancada azul busca invertir la carga de la sospecha: no es Chihuahua quien debe dar explicaciones, sino quienes, desde el poder central, han permitido —según su visión— el avance del crimen.
«¿Con qué calidad moral vienen a pedir comparecencias?», cuestionó Chávez, sugiriendo que el uso del Senado como tribunal es una táctica de distracción ante las órdenes de aprehensión y los señalamientos que pesan sobre integrantes del bloque oficialista.
Más allá de los adjetivos, la declaración de Chávez Madrid revela una fractura profunda en la coordinación internacional. Al defender la colaboración con agencias de Estados Unidos, el legislador recordó que el crimen organizado es un fenómeno transnacional que no respeta soberanías retóricas. Para el GPPAN, el Estado mexicano no puede permitirse el lujo de la división mientras los grupos criminales operan en unidad.
El llamado de Chávez a «cerrar filas» con las fuerzas federales y el ejército parece ser un mensaje cifrado hacia la presidenta Claudia Sheinbaum. Al reconocer que incluso la titular del Ejecutivo ha tenido que ajustar su estrategia de seguridad, el panismo local intenta forzar una tregua técnica por encima de la guerra política.
No obstante, el tono de la confrontación sugiere lo contrario. Mientras Chihuahua se aferra a su soberanía y Morena a su mayoría legislativa, la seguridad pública corre el riesgo de quedar atrapada en un fuego cruzado de acusaciones donde la «calidad moral» se ha vuelto la moneda de cambio más valiosa, pero también la más escasa.
