Por: Sandra Dueñes Monarrez.
Chihuahua, Chih., a 27 de abril del 2026.- “Los resultados, por más positivos que estos sean, no pueden jamás justificar actuaciones que no guarden un estricto apego a la ley”. Con esa sentencia, que suena más a un epitafio político que a una despedida administrativa, César Jáuregui Moreno puso fin a su gestión al frente de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Su renuncia irrevocable, presentada este lunes ante la gobernadora María Eugenia Campos Galván, marca un punto de inflexión en la administración estatal: el momento en que la narrativa de la «mano dura» y la efectividad operativa chocó de frente con el muro de la legalidad institucional.
La paradoja de la salida de Jáuregui Moreno es casi cinematográfica. Ocurre apenas semanas después de que la Fiscalía asestara uno de los golpes más contundentes a la infraestructura del narcotráfico en la región: la desarticulación de un laboratorio de procesamiento de drogas de dimensiones históricas.
Sin embargo, en el cálculo ético de Jáuregui Moreno, ese trofeo no fue suficiente para compensar las «omisiones en la gestión» y la vulneración de los mecanismos de control interno. La admisión es cruda: la institución permitió la injerencia de individuos extranjeros que operaron bajo identidades falsas, fracturando los protocolos de colaboración internacional y, por extensión, la soberanía jurídica del estado.
Para un sistema político acostumbrado a justificar los excesos en nombre de la seguridad, la postura de Jáuregui Moreno resulta disruptiva. Al afirmar que el fin no justifica los medios, el ahora ex fiscal deja al descubierto una verdad incómoda: la victoria contra el crimen organizado es estéril si para lograrla el Estado debe mimetizarse con la ilegalidad que combate.
«Reconozco que no se guardó el debido apego a la legalidad», admitió Jáuregui, colocando su propia cabeza en la guillotina política para salvaguardar lo que queda del prestigio institucional de la Fiscalía.
La salida de Jáuregui deja a Chihuahua en una posición vulnerable pero, paradójicamente, honesta. Al aceptar las fallas en los filtros de seguridad que permitieron a «falsos funcionarios» extranjeros incidir en la procuración de justicia, el gobierno estatal se ve obligado a realizar una introspección profunda.
La pregunta que queda en el aire de los pasillos del Palacio de Gobierno no es solo quién sucederá a Jáuregui, sino si su sucesor podrá mantener la efectividad operativa sin sacrificar, de nuevo, el rigor del Estado de Derecho. Por ahora, Chihuahua se queda sin Fiscal, pero con una advertencia grabada en piedra: en una democracia, el procedimiento es tan importante como el resultado, y hoy, el costo de olvidar esa premisa ha sido la cabeza del hombre más poderoso de la justicia en el estado.
