Por: La Redacción.
Ciudad de México., a 24 de julio del 2026.- El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos retiró las citaciones que obligaban a periodistas de The New York Times a declarar ante un gran jurado y a entregar registros telefónicos, tras una audiencia en la que un juez federal cuestionó severamente los métodos utilizados en una investigación sobre filtraciones de información del nuevo avión presidencial Air Force One.
La decisión se produjo luego de que el juez federal Arun Subramanian advirtiera a las autoridades que debieron agotar otras vías antes de emprender acciones legales contra la prensa, recordando que este tipo de medidas deben constituir un último recurso debido a las protecciones que consagra la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.
Durante la diligencia, el magistrado exigió explicaciones a la fiscalía sobre la forma en que se tramitaron las solicitudes y puso en duda que la información presentada ante el tribunal fuera completa, enfatizando que se intentó obtener registros de reporteros sin comprobar intentos previos con otros métodos de investigación.
Por su parte, el fiscal federal Sean Buckley reconoció la existencia de irregularidades en el proceso. Particularmente, admitió que se incluyeron registros telefónicos de familiares de los comunicadores —incluyendo cónyuges y la madre de uno de ellos— debido a una «asociación equivocada» en una base de datos pública, calificándolo de un error que no aportó avances a la indagatoria.
Las acciones judiciales del DOJ se originaron tras la publicación de reportajes por parte de The New York Times centrados en las características de seguridad y las dudas técnicas de una nueva aeronave presidencial donada por Catar al Gobierno de Estados Unidos. Los artículos explicaron las razones por las que el presidente Donald Trump optó por utilizar un avión anterior en un viaje internacional en lugar del nuevo modelo.
A raíz de estas publicaciones sustentadas en fuentes anónimas, el Ejecutivo federal inició una investigación para dar con los responsables de la filtración de material sensible. No obstante, los abogados del rotativo señalaron que el alcance de la investigación fue desproporcionado, abarcando incluso registros telefónicos con fechas anteriores a la publicación de los textos periodísticos, lo que sembró dudas sobre si el objetivo real era rastrear una filtración específica o monitorear de forma amplia las fuentes de los comunicadores.
Pese a dar marcha atrás en las citaciones actuales, el Departamento de Justicia advirtió que la investigación penal sigue abierta. Un portavoz de la agencia insistió en que los periodistas no fungen como el objetivo central de las pesquisas, sino aquellos funcionarios que presuntamente filtraron información confidencial, al tiempo que criticó las restricciones impuestas por el tribunal a la hora de exponer detalles operativos.
En la acera opuesta, el diario celebró la retirada de las citaciones como una victoria fundamental para la libertad de prensa. David McCraw, vicepresidente sénior y subdirector jurídico de The New York Times, declaró que la administración federal terminó por admitir que tales solicitudes jamás debieron emitirse.
Este episodio se añade a una lista de fricciones recurrentes entre el DOJ y distintas organizaciones periodísticas en torno a la protección del secreto profesional y el acceso a fuentes confidenciales, en un contexto donde la administración de Donald Trump ya ha debido retirar requerimientos similares contra reporteros de otros medios del país.
