Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 1 de abril del 2026.- Para quienes nacieron en Chihuahua después de 2009, el concepto de «paz» no es un recuerdo, sino una abstracción que en medio de este desierto del norte, una generación entera ha sido moldeada no por el juego, sino por la militarización, el desplazamiento y la ausencia sistémica de un Estado que parece haber olvidado cómo proteger a sus ciudadanos más pequeños.
El informe «Las infancias que no vemos», presentado esta semana por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), es más que un compendio de datos; es el acta de acusación contra una crisis silenciosa que está reescribiendo el ADN social del estado.
La narrativa oficial suele colocar la violencia en las calles, pero el informe del CEDEHM revela que el peligro late dentro de las paredes domésticas. Con más de 160,000 denuncias por violencia familiar e incumplimiento de obligaciones en la última década, Chihuahua ha permitido que el miedo sea el primer idioma de miles de niños.
No se trata solo de cifras, sino de un estrés permanente que altera el desarrollo neurológico y emocional, donde detrás de cada expediente, hay un menor que ha normalizado el conflicto como método de supervivencia, una herencia de trauma que el Estado observa con una pasividad que raya en la complicidad.
La estadística es escalofriante pues cada año, más de 2,000 niñas y niños han denunciado ser victimas de violencia sexual en la entidad y lejos de que la maquinaria judicial ofrezca la sanación, suele perpetuar el daño a través de la revictimización. En Chihuahua, denunciar el abuso parece ser un acto de valentía que el sistema castiga con burocracia y escepticismo.
Para las infancias que crecen entre marchas y fiscalías, la infancia es una etapa robada por la desaparición forzada. Con más de 5,000 investigaciones vigentes, miles de niños chihuahuenses viven en un «duelo suspendido», buscando a padres y hermanos en un paisaje de impunidad.
A esto se suma el drama del desplazamiento forzado interno, donde casi la mitad de las víctimas son menores de edad. En las comunidades indígenas, el costo es aún mayor: la pérdida del hogar se traduce en el exterminio de la lengua, la identidad cultural y el territorio. Para ellos, el Estado no es un garante de derechos, sino una sombra lejana.
En este sentido, Ruth Fierro Pineda, coordinadora general del CEDEHM, fue contundente durante la presentación del informe: la retórica de llamar a los niños «el futuro» es una estrategia de evasión para no atender el desastre del presente.
“No son el futuro, son el presente. La obligación de garantizar condiciones de dignidad corresponde al aquí y al ahora”, sentenció Fierro Pineda.
El CEDEHM no solo diagnostica; propone la creación de un mecanismo interinstitucional permanente que saque a la niñez de los márgenes de la política pública. Sin embargo, la pregunta queda en el aire: ¿Tiene el gobierno de Chihuahua la voluntad política para mirar a las infancias que ha decidido no ver?
Celebrar el Día del Niño en un estado que permite que la violencia moldee a sus hijos no es solo una contradicción; es un acto de cinismo institucional que este informe ya no permite ignorar.
