Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 18 de agosto del 2026. — La promulgación de la reforma electoral estatal en Chihuahua, publicada el pasado 30 de junio de 2026, ha desatado un firme rechazo por parte de organizaciones, colectivas y ciudadanas que denuncian un grave retroceso en la garantía de los derechos político-electorales. Lejos de constituir un simple ajuste técnico a las reglas de votación, el nuevo marco legal pone en riesgo conquistas históricas de representación política, participación ciudadana e igualdad alcanzadas tras años de litigio y exigencia social.
El posicionamiento conjunto señala que la reforma vulnera directamente el principio de progresividad de los derechos humanos previsto en el artículo 1º de la Constitución Federal, el cual establece que los derechos conquistados fungen como un piso mínimo y nunca como un techo o punto de retroceso.
Los datos del Instituto Estatal Electoral (IEE) evidencian la efectividad de los mecanismos previos: durante el proceso 2023-2024, las acciones afirmativas generaron 435 candidaturas para pueblos indígenas, personas con discapacidad y de la diversidad sexual, logrando que 102 personas resultaran electas (entre ellas, 42 regidurías y diputaciones indígenas, 8 espacios para personas con discapacidad, y 5 para la diversidad sexual).
Sin embargo, la nueva legislación recorta estas garantías:
- Fusión de grupos vulnerables: Las personas con discapacidad y de la diversidad sexual —poblaciones con barreras de participación específicas y diferenciadas— deberán compartir una cuota equivalente a un escaso 2% de las regidurías registradas por los partidos en todo el estado, obligándolas a competir entre sí por espacios que antes contaban con medidas separadas.
- Restricción a comunidades indígenas: Se limita la facultad del IEE para ampliar las medidas necesarias que garanticen su representación efectiva en municipios y diputaciones.
- Menoscabo a los derechos de las mujeres: Se disminuyen las herramientas institucionales para corregir desigualdades de género y se imponen restricciones severas en casos de violencia política, fijando un periodo de investigación exiguo de 20 días (prorrogable solo por cinco) y un plazo de prescripción de un año para aplicar sanciones.
Asimismo, la reforma eliminó la elección directa de regidurías —programada para iniciar en 2027—, un mecanismo clave para vincular de manera directa a los representantes con las colonias, barrios y comunidades, devolviendo el control absoluto de las planillas a las cúpulas partidistas. La normatividad también impone candados a las autoridades electorales al restringir su capacidad de interpretación frente a nuevas formas de exclusión, subordinando los derechos humanos a la autodeterminación de los partidos.
Frente a lo que califican como un atentado contra una democracia plural, los sectores inconformes han activado un robusto bloque de defensas legales. Hasta el momento se han presentado 30 Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales ante el Tribunal Estatal Electoral (TEE): 19 promovidos por pueblos y comunidades indígenas, 7 por mujeres, 3 por la diversidad sexual y 1 por personas con discapacidad.
Adicionalmente, se interpusieron cuatro incidentes de inejecución de sentencia respecto al mandato que obligaba al Congreso local a legislar sobre la elección directa de regidurías, y se han ingresado solicitudes formales ante el Congreso del Estado, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para promover acciones de inconstitucionalidad.
El movimiento advierte que mantendrá el acompañamiento jurídico hasta agotar las vías necesarias bajo una premisa contundente: «Las acciones afirmativas no son privilegios, son mecanismos para hacer efectiva la igualdad. En Chihuahua, ningún derecho menos, ninguna representación menos».
En el marco de las acciones y propuestas sobre representación política, se contó con la participación de Laura Fuentes y Rubén Chávez en representación de personas con discapacidad; Edith Díaz, Javier Agüero y Patricio Rodríguez por parte de los pueblos y comunidades indígenas; Rosy Sáenz y Dora Villalobos por el Movimiento Estatal de Mujeres; así como Pamela Pérez y Nayo Rodríguez enfocados en el tema de la elección directa de regidurías.
