Por: La Redacción.
Washington, D.C., a 13 de mayo del 2026.- Durante una comparecencia ante el Senado de los Estados Unidos, Terrance Cole, encargado de la Agencia para el Control de Drogas (DEA) advirtió que el procesamiento del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya —actualmente bajo licencia—, representa apenas el primer capítulo de una serie de acciones legales dirigidas a desmantelar los nexos entre el poder público y los cárteles del narcotráfico en México.
La audiencia del 12 de mayo, que también contó con la participación del director del FBI, Kash Patel, se tornó ríspida cuando el senador republicano John Kennedy cuestionó la efectividad de las agencias estadounidenses ante la corrupción institucionalizada en México. Kennedy subrayó que el Departamento de Justicia ha identificado un patrón donde gobernantes y altos mandos policiales colaboran con grupos criminales para facilitar el tráfico de fentanilo.
«Puedo asegurarle que esto es solo el comienzo de lo que está por venir en México», respondió Cole ante la pregunta de si la DEA está lista para escalar las investigaciones más allá de Sinaloa. El funcionario destacó que, tras años de observar la colusión de altos funcionarios, el gobierno estadounidense ha decidido finalmente «prestar atención» y actuar de manera frontal.
El Departamento de Justicia no solo mantiene el foco en Rocha Moya, sino en una estructura de al menos 10 funcionarios y exfuncionarios que presuntamente abusaron de su autoridad para blindar al Cártel de Sinaloa. Entre los señalados figuran personajes clave del gabinete sinaloense y mandos de seguridad como Gerardo Mérida Sánchez, lo que refuerza la tesis de la DEA sobre un «mando y control» compartido entre criminales y burócratas.
Kash Patel, del FBI, fue contundente al señalar que el fenómeno es una combinación de «miedo y corrupción». Esta declaración resuena con fuerza en estados fronterizos como Chihuahua, donde la narrativa de la «cooperación institucional» con agencias extranjeras —como el reciente caso de la CIA en la Sierra Tarahumara— se encuentra bajo un intenso escrutinio político.
El enfoque de la administración Biden-Harris, según Cole, ha girado hacia la interrupción de las cadenas de suministro y la rendición de cuentas de quienes se lucran con la muerte desde puestos de poder. La advertencia de «otras acciones en territorio nacional» deja la puerta abierta a nuevas solicitudes de extradición o investigaciones que podrían alcanzar a otros gobiernos estatales que hoy enfrentan crisis de seguridad similares.
Mientras en México el gobierno federal exige pruebas, en Washington el mensaje es claro: la investigación sobre la «narcopolítica» ha dejado de ser una carpeta archivada para convertirse en una prioridad de seguridad nacional para los Estados Unidos.
