Por: Sandra Dueñes Monárrez.
El Paso, Texas., a 17 de agosto del 2026. — En medio de una creciente escalada de presión de Washington sobre organizaciones criminales mexicanas, el titular de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), Rodney Scott, lanzó una severa advertencia dirigida al Cártel de Juárez, organización que recientemente fue integrada por la administración de Donald Trump en la lista de grupos terroristas extranjeros.
El pronunciamiento de Scott fue difundido a través de sus redes sociales, acompañado de un informe sobre operativos conjuntos realizados por elementos del Ejército mexicano, la Guardia Nacional y agentes de la CBP en la franja fronteriza de El Paso.
«Los días de esperar a que las amenazas vengan a nosotros han terminado (…) El Cártel de Juárez —ahora designado como una organización Terrorista Extranjera— está en alerta. Estamos listos», aseveró el funcionario estadounidense.
La declaración evidencia la postura de mano dura que caracteriza la nueva estrategia de seguridad estadounidense, la cual no solo busca la persecución penal tradicional, sino la implementación de un enfoque de seguridad nacional con tintes de intervención transfronteriza.
Desde una perspectiva crítica, el anuncio de operaciones conjuntas y la designación del Cártel de Juárez (y otras facciones asociadas) como organizaciones terroristas abren interrogantes fundamentales sobre los límites de la soberanía nacional y la subordinación de la estrategia de seguridad mexicana ante los mandatos de Washington.
Si bien los gobiernos de ambos países reportan acciones coordinadas en el terreno —como el despliegue militar observado en la zona limítrofe—, la retórica triunfalista y de advertencia emitida por altos mandos estadounidenses subraya un desbalance en la narrativa bilateral, donde la política de seguridad interior de México queda supeditada a las directrices y prioridades de la agenda geopolítica de Estados Unidos.
Este endurecimiento de posturas ocurre en un contexto más amplio de presión internacional que incluye acciones simultáneas contra diversos grupos delictivos y figuras políticas mexicanas, evidenciando que la cooperación binacional transita cada vez más por el terreno de la presión punitiva externa y el uso político de la seguridad fronteriza.
