Por: La Redacción.
Ciudad de México., a 29 de abril del 2026.- El terremoto judicial provocado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York ha llegado a San Lázaro. La oposición parlamentaria en México calificó hoy como una «prueba de fuego» para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el encausamiento por narcotráfico contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza.
En una ofensiva coordinada, las bancadas del PRI y el PAN demandaron la separación inmediata del cargo de los señalados y exigieron que el Estado mexicano deje de actuar como escudo protector de lo que denominaron la élite de los «Narcos del Bienestar».
Para el coordinador del PRI, Rubén Moreira, la gravedad de las acusaciones —que incluyen el patrocinio directo de «Los Chapitos» para instalar a Rocha en el poder— no permite respuestas ambiguas. Moreira enfatizó que el gobierno federal debe romper el silencio y pronunciarse sobre la red de sobornos e infiltración criminal que, según el expediente S9 23 Cr. 180, operaba desde el Palacio de Gobierno en Culiacán.
«El gobierno mexicano debe aclarar qué está pasando. El gobernador debería pedir licencia inmediatamente para enfrentar estos cargos», sentenció Moreira, recordando que este escenario confirma las advertencias de seguridad que la oposición ha sostenido durante años.
Por su parte, el Grupo Parlamentario del PAN lanzó una crítica mordaz hacia la falta de acción de la Fiscalía General de la República (FGR). Para el blanquiazul, la «impunidad total» que gozan los líderes criminales en territorio nacional ha obligado a que la única esperanza de justicia real provenga de las cortes estadounidenses.
El PAN advirtió que la administración de Sheinbaum se encuentra ante un dilema histórico: colaborar con la extradición de sus propios cuadros políticos o «regatear» la cooperación internacional, confirmando así una alianza con las estructuras delictivas.
El diputado sinaloense Mario Zamora (PRI) se sumó a las exigencias de investigación, señalando que el gobierno de México tiene una responsabilidad que trasciende las fronteras. La mención de funcionarios y exfuncionarios en la nómina del Cártel de Sinaloa no solo deslegitima a Rocha Moya, sino que pone bajo la lupa a todo el aparato de seguridad estatal.
Con esta presión legislativa, la narrativa oficial de «abrazos, no balazos» enfrenta su crisis más profunda. La exigencia es unánime entre la oposición: Rocha Moya debe dejar el cargo y ser puesto a disposición de la justicia de Nueva York antes de que el costo diplomático para México sea irreversible.
