Por: La Redacción.
Ciudad Juárez, Chih., a 11 de julio del 2026.– En el marco del quinto foro del Proceso de Participación, Consulta Estrecha y Colaboración Activa de Personas con Discapacidad, la diputada local de Morena, Elizabeth Guzmán Argueta, instó formalmente a la gobernadora María Eugenia Campos Galván a suscribir el convenio de coordinación con el Gobierno de México para universalizar la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente en el estado.
Durante su intervención, la legisladora subrayó que la universalidad del programa es un paso necesario para cumplir con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y consolidar el derecho constitucional a este apoyo. Guzmán destacó que, actualmente, el impacto del programa en Ciudad Juárez es significativo:
Cerca de 10 mil niñas, niños y jóvenes reciben el apoyo actualmente.
La inversión bimestral asciende a 33 millones de pesos, lo que se traduce en 396 millones de pesos anuales para las familias juarenses.
A pesar de estas cifras, la diputada señaló que el sector de la población con discapacidad de entre 30 y 64 años permanece excluido del beneficio universal debido a la falta de formalización del convenio por parte del Ejecutivo estatal.
La postura de Guzmán apunta a una problemática recurrente en la administración pública local: la supeditación de programas de alto impacto social a la disposición política de los gobiernos estatales. Ante la negativa de cerrar el acuerdo, la legisladora fue enfática al señalar que «lo que falta no es comprobar que el programa funciona; lo que falta es voluntad para hacerlo universal en Chihuahua».
La crítica central de este caso radica en la desconexión entre el discurso oficial sobre la inclusión y la realidad administrativa. Al afirmar que «la inclusión no se demuestra con discursos; la inclusión se demuestra garantizando derechos», Guzmán pone en evidencia que los derechos humanos, en este caso el acceso a la seguridad económica de personas vulnerables, están quedando atrapados en una falta de coordinación administrativa.
El llamado de la diputada resalta una urgencia social innegable: la necesidad de que la Gobernadora despoje de matices políticos la firma del convenio, priorizando que los derechos de los ciudadanos no dependan de la relación o diferencias entre la administración estatal y la Federación.
