Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 29 de enero del 2026.- A casi siete meses del hallazgo que estremeció a Ciudad Juárez y al país entero, el caso del Crematorio Plenitud vuelve a la mesa de debate esta vez durante la sesión permantente en el Congreso del Estado de Chihuahua, . Este viernes, desde la tribuna del Congreso del Estado, se lanzó un enérgico reclamo por la lentitud en la identificación de los 386 cuerpos encontrados y la falta de transparencia de las autoridades estatales.
Fue el 26 de junio de 2025 cuando se descubrió que la empresa operaba como un «cementerio clandestino privado», acumulando restos humanos desde el 2020 debido a hornos inservibles. Hoy, en enero de 2026, las familias víctimas de este fraude y falta de respeto a la dignidad humana denuncian que viven en un «limbo jurídico y emocional».
El reclamo, impulsado por legisladores locales, señala directamente a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a la Secretaría General de Gobierno. Se acusa que:
- Identificación estancada: El proceso de cotejo de ADN ha sido extremadamente lento, dejando a cientos de familias sin saber si sus seres queridos están entre los cuerpos recuperados.
- Falta de responsables: Aunque el inmueble fue asegurado y se iniciaron carpetas de investigación, el avance sobre los dueños de la concesión y las autoridades sanitarias que omitieron las inspecciones durante años parece estar congelado.
- El trauma de las cenizas: Familias que recibieron urnas con restos desconocidos (cenizas que resultaron ser tierra o materiales inertes) aún no reciben una vía clara de reparación del daño.
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«No son solo cuerpos, son personas que tenían familias esperando cerrar un ciclo», se escuchó en el recinto legislativo. La exigencia es clara: la comparecencia de los titulares responsables para que informen cuántos de los 386 restos han sido entregados dignamente y por qué no ha habido sanciones ejemplares contra los operadores del crematorio ubicado en la colonia Kilómetro 20.
El caso Plenitud se mantiene como uno de los episodios de negligencia forense y administrativa más graves en la historia reciente de Chihuahua, evidenciando una crisis en los sistemas de vigilancia de servicios funerarios que, hasta la fecha, no ha sido resuelta.
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