Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 29 de enero del 2026.- La organización internacional Amnistía Internacional ha puesto sobre la mesa los temas críticos por los cuales el Estado Mexicano deberá rendir cuentas ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) en su próximo ciclo de revisión.
A través del documento «Lista de cuestiones», Amnistía detalla una crisis profunda en materia de derechos civiles y políticos, destacando que la estrategia de seguridad y el trato a la prensa independiente están bajo la lupa internacional.
Dentro de los puntos que «incómodan» se encuentra la “militarización sin freno”, ya que en este informe se exige que México explique la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena y el uso permanente de soldados en las calles, una realidad que en Chihuahua ha sido cuestionada por la falta de resultados en la disminución de delitos de alto impacto.
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Otro de los temas que entran dentro de esta revisión a México ante la ONU es la impunidad que prevalece ante los asesinatos de periodistas y el uso del software de espionaje. El documento señala la estigmatización de la prensa desde el poder público, lo que vulnera el ejercicio informativo en entidades con alta presión política.
Con más de 115 mil personas desaparecidas en el país, Amnistía pide cuentas sobre la ineficacia de los registros oficiales y, sobre todo, sobre la falta de protección a las madres buscadoras, quienes en estados como Chihuahua siguen enfrentando el abandono institucional.
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El papel de la Guardia Nacional como «muro fronterizo» es otro punto clave. Se cuestionan los abusos en estaciones migratorias y las detenciones arbitrarias en las rutas del norte del país.
¿Qué significa para México?
Este informe sirve como guía para que el Comité de la ONU interrogue a los representantes del Gobierno Mexicano en marzo de 2026. No se trata solo de cifras, sino de un reclamo por la falta de cumplimiento de tratados internacionales que México ha firmado pero que, en la práctica, parecen letra muerta.
Para especialistas y defensores de derechos humanos, este documento es una prueba de que, pese a la narrativa oficial de «otros datos», la comunidad internacional observa con preocupación el retroceso en las libertades democráticas y la seguridad civil en el país.
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