Por: La Redacción.
Chihuahua, Chih., a 21 de agosto del 2026.- El activista e integrante de Eskuela Radical, Nayo Rodríguez Varela, acudió formalmente a las instalaciones de El Diario de Chihuahua para presentar un oficio en el que exige su derecho de réplica, luego de los señalamientos publicados en su contra en la sección de opinión de dicho rotativo.
La controversia se originó a raíz de la columna titulada “Caprichosos magistrados acaban arrinconados”, publicada en el espacio de análisis GPS, donde se le vinculó con un grupo de denominados “falsos activistas” que presuntamente habrían recibido recursos económicos de la administración estatal anterior para impulsar causas sociales.
Ante tales afirmaciones, Rodríguez Varela negó categóricamente haber recibido financiamiento o contraprestación económica por parte de instancias gubernamentales para fabricar o simular protestas y movimientos sociales. Asimismo, sostuvo que su participación en la defensa de los derechos humanos y, de manera específica, en las movilizaciones y recursos legales en contra de la reciente reforma electoral aprobada por el Congreso del Estado el pasado 30 de junio, responde a convicciones ciudadanas y no a intereses o patrocinios de actores políticos.
En el documento entregado a la Dirección Editorial del medio impreso, el activista cuestionó la veracidad de los dichos vertidos en la columna y emplazó a la publicación a presentar elementos probatorios que sustenten los señalamientos emitidos en su contra o, en su defecto, a realizar una rectificación pública.
El diferendo pone sobre la mesa el papel de la crítica periodística frente al ejercicio de la libertad de expresión y los contrapesos ciudadanos. Resulta relevante que, en el mismo espacio de opinión que generó la inconformidad, se reconocieron las deficiencias del proceso legislativo en torno a la reforma electoral local, calificada en el propio texto como un producto legislativo limitado.
Con esta solicitud de réplica, amparada en la legislación vigente, se abre el debate sobre los límites entre la descalificación personal en las columnas de opinión y el derecho de los actores sociales a defender su honorabilidad y trayectoria en el escrutinio público, exigiendo hechos verificables por encima de imputaciones sin sustento.
