Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 6 mayo del 2026.- La onda expansiva de las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra la cúpula política de Sinaloa ha alcanzado formalmente los pasillos legislativos de Chihuahua elevando la presión sobre el Gobierno Federal, por parte de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) quien presentó este miércoles un exhorto urgente para que las autoridades mexicanas dejen de postergar el trámite de extradición contra el gobernador Rubén Rocha Moya y otros nueve altos funcionarios.
Bajo el liderazgo de la diputada Carla Rivas, el Grupo Parlamentario del PAN demandó que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) actúen en estricto apego al Tratado de Extradición vigente entre México y EE.UU. El documento no solo apunta al mandatario sinaloense, sino que incluye nombres de peso en la estructura del estado, como el senador Enrique Inzunza Cázarez y mandos operativos de seguridad.
«Si existe una solicitud formal, lo que corresponde es que las autoridades mexicanas actúen conforme a la ley y no dejen el caso en el aire», sentenció Rivas Martínez. Para los analistas, el exhorto es un desafío directo a la narrativa de «soberanía» que ha defendido la administración central, poniendo a prueba si la cooperación bilateral en materia de narcotráfico es real o meramente retórica.
La solicitud de detención provisional con fines de extradición incluye a figuras clave como el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, y el secretario de Seguridad, Gerardo Mérida Sánchez. La iniciativa del Congreso local busca evitar que las licencias temporales o el fuero constitucional se conviertan en «vías de escape» ante delitos de alto impacto que han erosionado la confianza ciudadana en las instituciones de justicia.
Aunque la diputada Rivas Martínez subrayó que el planteamiento no busca «prejuzgar» la culpabilidad, el mensaje político es claro: el silencio administrativo de la Federación podría interpretarse como una protección política. En un momento donde la relación con Washington pende de un hilo, el caso Rocha Moya se convierte en el epicentro de un debate sobre la transparencia y la rendición de cuentas que México no puede seguir ignorando.
