Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 30 de mayo del 2026.- En un giro que eleva la tensión legal y política en torno al caso de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, el abogado Roberto Gil Zuarth denunció una «operación concertada» para desestabilizar al gobierno de Chihuahua mediante la activación simultánea de tres frentes judiciales.
Según el litigante, la estrategia contra la administración estatal no es casual ni aislada, sino que existe un modus operandi donde confluyen tres procedimientos distintos: un frente penal a nivel federal, un proceso de carácter parlamentario orientado a la posible destitución de la mandataria, y un expediente en la esfera penal local.
Para el abogado, la participación de figuras como el fiscal capitalino Ulises Lara y la sombra del exgobernador Javier Corral Jurado en estas acciones no es una coincidencia, sino parte de una «pinza» diseñada para asfixiar la gobernabilidad del estado.
Más allá de la defensa técnica, la intervención de Gil Zuarth pone sobre la mesa una crítica profunda hacia la procuración de justicia en el país, por lo que cuestionó que las instituciones, diseñadas para servir como garantes del Estado de Derecho, estén siendo presuntamente utilizadas como herramientas de «ajuste de cuentas» político.
“Es una clarísima intención de persecución política”, señaló el litigante, quien sostiene que no existen fundamentos sólidos para las medidas que se pretenden aplicar. La denuncia de Gil Zuarth traslada el debate del «CIA-Gate» a un terreno más peligroso: la duda sobre si el aparato de justicia en México sigue siendo autónomo o si ha sido capturado por intereses de partido.
Este nuevo frente de defensa busca internacionalizar y visibilizar lo que el PAN considera un atropello a la soberanía estatal, mientras el gobierno federal y sus aliados mantienen silencio sobre las acusaciones de «persecución orquestada».
