Por: Redacción.
Chihuahua, Chih., 26 de junio de 2026.- El Gobierno Federal ha decidido blindar la información sobre la intervención de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en territorio chihuahuense. Ante una solicitud de transparencia realizada por El Financiero, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que la respuesta enviada por la administración de Donald Trump a la nota diplomática mexicana ha sido clasificada como reservada por un periodo de cinco años.
La Subsecretaría para América del Norte, responsable de turnar la respuesta, argumentó que la divulgación del documento oficial «podría menoscabar las relaciones internacionales del Estado mexicano» con Estados Unidos y otros países. Bajo el argumento de que la información fue entregada bajo «estrictos criterios de confidencialidad» y amparándose en la Convención de Viena de 1961, el Ejecutivo Federal ha optado por mantener en la sombra el contenido de esta comunicación bilateral hasta que concluya el sexenio en curso.
Además, la autoridad incluyó en su negativa de transparencia referencias a supuestos acuerdos en proceso de negociación y al T-MEC, sugiriendo que la revelación del documento podría afectar la conducción de la agenda con el vecino del norte.
El origen de esta opacidad se remonta a finales de abril de 2026, cuando el canciller Roberto Velasco informó sobre el envío de una nota diplomática tras un confuso incidente: el fallecimiento de dos agentes de la CIA en un supuesto accidente automovilístico, ocurrido apenas días después de haber participado en el desmantelamiento de un narcolaboratorio en Chihuahua.
Aunque en un primer momento el embajador Ronald Johnson calificó a los fallecidos como simples «trabajadores de la embajada», la posterior revelación de su estatus como agentes de inteligencia obligó a la Fiscalía General de la República (FGR) a abrir una investigación formal, debido a que la participación de autoridades extranjeras en labores de seguridad nacional requiere, por ley, una autorización expresa del Poder Ejecutivo.
La investigación de la FGR ha escalado hasta el nivel local. Como parte de las diligencias, se ha citado a comparecer a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván. Ante este escenario, la falta de transparencia del Gobierno Federal genera cuestionamientos sobre los límites de la soberanía y los términos reales de la cooperación en seguridad con Estados Unidos.
Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se ha limitado a señalar que Estados Unidos continúa cooperando con información sobre el caso, la reserva de los documentos por cinco años deja en el aire las preguntas de fondo: ¿Qué estaban haciendo realmente los agentes de la CIA en Chihuahua y bajo qué condiciones fueron autorizados para operar en la entidad?
