Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 6 de julio del 2026.- Mientras el Gobierno del Estado reporta cifras históricas a la baja en la incidencia homicida, la realidad en las comunidades serranas parece narrar una tragedia distinta. La contradicción surge al confrontar el último boletín oficial de la Mesa Estatal de Construcción de Paz con el testimonio de las víctimas y las organizaciones civiles que denuncian una crisis de desplazamiento forzado en Guadalupe y Calvo.
En la Mesa Estatal de Construcción de Paz de este lunes, encabezada por la gobernadora María Eugenia Campos Galván, las autoridades presentaron indicadores de seguridad que muestran una disminución en la incidencia homicida en varias regiones clave del estado. Según el reporte, se registraron reducciones porcentuales en zonas como Bocoyna-Creel (69%), Madera (56%), Guerrero (48%), Parral (34%), Juárez (19%), Cuauhtémoc (10%) y Chihuahua capital (7%).
En el mismo encuentro, la Fiscalía General del Estado (FGE) destacó resultados operativos, incluyendo la cumplimentación de 156 órdenes de aprehensión y la obtención de 27 sentencias condenatorias. Ante los eventos en la región serrana, las autoridades acordaron atender de manera presencial a los habitantes de la comunidad de Cinco Llagas para reforzar la seguridad.
Por otro lado, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Red TDT) ha emitido una acción urgente denunciando una situación radicalmente opuesta en la seccional de Cinco Llagas, municipio de Guadalupe y Calvo. Según este reporte, un enfrentamiento entre grupos armados ocurrido entre el 29 y 30 de junio dejó un saldo de al menos 153 personas desplazadas y el asesinato de una mujer y un niño tras ataques con artefactos explosivos lanzados mediante drones.
Las organizaciones civiles subrayan graves deficiencias en la atención a las víctimas entre las cuales ha provocado la solicitud de refugio de alrededor de 83 personas refugiadas en Baborigame quienes requieren atención médica urgente, incluyendo casos de fracturas por explosivos que no fueron atendidas a tiempo por la falta de ambulancias funcionales.
La Red TDT critica que diversas instancias gubernamentales han negado históricamente la gravedad y existencia del desplazamiento forzado en la entidad.
El reporte señala que la región no ha sido pacificada, recordando desplazamientos masivos previos en Dolores (2024) y Atascaderos (2025), lo que sugiere un patrón de violencia crónica que los datos oficiales parecen no reflejar.
La brecha entre los indicadores estadísticos y la crisis humanitaria en la sierra plantea preguntas urgentes para la administración estatal. Mientras el Ejecutivo destaca la coordinación institucional como un éxito de su gestión, los colectivos de derechos humanos insisten en que la estrategia actual es insuficiente, exigiendo protección inmediata, atención médica diferenciada y, fundamentalmente, que el Estado reconozca la realidad del desplazamiento forzado en Chihuahua para poder enfrentarlo.
