Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 9 de noviembre del 2026.- El diputado por el Distrito 22 y coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, Arturo Medina Aguirre, lanzó un enérgico exhorto al Gobierno Federal para que intervenga de manera inmediata y con toda su capacidad operativa en el municipio de Guadalupe y Calvo, donde la escalada de violencia generada por el crimen organizado ha provocado el desplazamiento forzado de decenas de familias serranas.
El legislador local denunció que las condiciones de inseguridad registradas en los últimos días han obligado a habitantes de distintas comunidades a abandonar sus hogares, su patrimonio y sus actividades productivas para buscar refugio en otras zonas del municipio y del estado, evidenciando una crisis humanitaria y de gobernabilidad en la región.
Al fijar su postura, Arturo Medina Aguirre subrayó que los hechos violentos que azotan la zona serrana están directamente vinculados a la operación de grupos de la delincuencia organizada, por lo que enfatizó que es responsabilidad ineludible de la Federación asumir el control y combatir a estas células criminales, en coordinación con las instancias estatales y municipales.
“No podemos permitir que las familias de la sierra tengan que abandonar sus hogares para salvar sus vidas. La Federación tiene atribuciones y responsabilidades fundamentales en el combate a la delincuencia organizada y es urgente que actúe con toda su capacidad para devolverle la tranquilidad a las familias”, sentenció el legislador.
Aunque reconoció los esfuerzos de las corporaciones estatales y federales desplegadas actualmente en la zona, el diputado priista advirtió que los operativos reactivos resultan insuficientes frente a la complejidad del fenómeno delictivo, por lo que demandó una estrategia de seguridad permanente y acorde con la gravedad de la crisis.
En su calidad de presidente de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas del Congreso local, Medina Aguirre informó que mantiene seguimiento puntual sobre la situación de las localidades afectadas y se puso a disposición de las personas desplazadas para acompañarlas en sus gestiones institucionales.
El coordinador parlamentario puntualizó que la respuesta del Estado no debe limitarse al despliegue policial o militar, sino que exige garantizar de inmediato el acceso a:
- Alimentación y alojamiento digno.
- Atención médica y psicológica.
- Resguardo patrimonial y apoyos básicos de subsistencia.
Asimismo, lanzó una advertencia sobre los protocolos de retorno, señalando que las familias no deben ser regresadas a sus localidades si no existen condiciones reales y sostenidas de seguridad.
“El regreso de las familias debe realizarse únicamente cuando existan garantías suficientes para su integridad, pues no se trata solamente de facilitar su retorno, sino de asegurar que puedan permanecer en sus comunidades sin temor a nuevos episodios de violencia”, recalcó.
El pronunciamiento de Arturo Medina Aguirre pone nuevamente sobre la mesa el drama del desplazamiento interno forzado en la Sierra Tarahumara, un fenómeno que despoja a las comunidades indígenas y rurales de su arraigo y sustento ante el avance de los grupos criminales. El llamado desde el Legislativo local apunta directamente a la necesidad de que las instituciones federales asuman su responsabilidad constitucional para evitar que el control territorial del crimen siga dictando el destino de los habitantes de Guadalupe y Calvo.
