Por: La Redacción.
Morelos., a 28 de noviembre del 2024.- La corrupción puede ser un adversario feroz, pero no es invencible, enfrentarla no es fácil y puede ser peligroso, sin embargo, es una batalla que debemos librar, porque el precio de la inacción es aún más devastador, y hay que decirlo, expresó el senador Javier Corral Jurado en su participación VII Cumbre de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción (Conafa).
México ocupa los indices más altos en percepción de corrupción evidenciando que aunque se han dado pasos importantes aún hay mucho por hacer es por ello que el combate de este cancer requiere de decisión, compromiso, valentía y ante todo de estrategias sólidas, expresó Corral Jurado.
No es solo un tema de legalidad, es sobre todo una lucha por la igualdad, la confianza y la dignidad, el respeto a las personas.
Durante mi gestión como gobernador de Chihuahua tuve la oportunidad de liderar una de las batallas contra la corrupción, la Operación Justicia para Chihuahua esta estrategia surgió como respuesta a los devastadores efectos de una administración previa caracterizada por el desvió de recursos públicos abuso de poder y un nivel de impunidad de proporciones alarmantes.
Entre el 2010 y el 2016 bajo el mandato del exgobernador César Duarte Jáquez más de 6 mil millones de pesos fueron desviados de las arcas públicas, este saqueo tuvo consecuencias graves, una deuda pública de 50 mil millones de pesos, servicios esenciales paralizados y una ciudadanía traicionad por quienes juraron protegerla.
Los esquemas utilizados fueron tan variados como sofisticados, contrataciones simuladas por empresas fantasmas, pagos ilegales a proveedores que no entregaron sus servicios y bienes, sobre precio y obras públicas incluyendo compra de medicamentos esenciales, transferencias directas de subsidios a empresas del exgobernador y su circulo cercano.
Ante esta situación mi administración optó una batalla con enfoque decidido con el apoyo de la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía General del Estado, diseñamos una estrategia basada en el enjuiciamiento de los funcionarios involucrados y sobre todo la recuperación de los recursos robados al pueblo.
Los resultados de la Operación Justicia para Chihuahua fueron inusitados no solo en el ámbito penal donde se ejercieron 126 acciones penales en contra de 49 personas incluyendo exfuncionarios, empresarios y personas claves en la red de corrupción.
Adicionalmente se ejercieron acciones en el ámbito administrativo, fiscal y por supuesto en uno de los objetivos que es la recuperación de activos, en Chihuahua se reintegraron tanto 10 inmuebles como en dinero, incluyendo un rancho de 30 mil hectareas, así como predios rurales de altas acciones.
Esto no solo representó un golpe contundente en Chihuahua, sino que expusieron redes de complicidad que trascendian redes locales y nacionales. Los vinculos entre actores locales y figuras nacionales de reelevancia incluyendo empresarios y líderes políticos demostraron que la corrupción opera como una red organizada y profundamente enraizada.
La sentencia de Alejandro Gutiérrez y Juan Collado Mocelo, abogado del expresidente Carlos Salinas de Gortari e inclusive el entonces el expresidente Enrique Peña Nieto intervino con una controversia constitucional para no ser investigado por corrupción en Chihuahua.
También se llevaron a cabo investigaciones que involucraron a personajes del PRI, entre ellos a Manlio Fabio Beltrones relacionado con desvió de recursos públicos en Chihuahua, aunque estas indagatorias quedaron inconclusas al terminar nuestra administración y hoy están impunes.
Y desde luego, consiguieron la detención con fines de extradición gracias al apoyo del Gobierno Federal de Cesar Duarte Jáquez, hoy libre en las calles de Chihuahua, beneficiado por las mismas redes de corrupción que construyó en la entidad.
El costo del combate de la corrupción ha sido caro, incluyendo servidores publicos han enfrentado represalias, quienes encabezaron la Operación Justicia para Chihuahua enfrentamos desde campañas de desprestigio, amenazas, agresiones y procesos infundados promovidos por aquellos actores que en su momento enfrentamos.
La persecusión ha incluido campañas mediáticas de desprestigio financiados por medios de comunicación alineados por los implicados, no hay dia en que un medio busque desacreditar la lucha anticorrupción, concluyó.
