Por: La Redacción.
Ciudad de México., a 7 de septiembre del 2026.- La reciente incautación de más de 16 toneladas de metanfetamina en Sinaloa desató un nuevo diferendo diplomático e institucional entre los gobiernos de México y Estados Unidos. Mientras que la Secretaría de Marina, la SSPC y la FGR presentaron el desmantelamiento de laboratorios clandestinos como un golpe estratégico propio, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) intervino públicamente para adjudicarse el éxito, atribuyéndolo a su labor de inteligencia y al intercambio de información bilateral.
Los operativos, realizados el 2 y 3 de septiembre, permitieron inhabilitar tres laboratorios clandestinos —incluido un complejo de 5,700 metros cuadrados, considerado el segundo más grande del sexenio— y representar una afectación financiera superior a los 347 millones de dólares para las organizaciones criminales. No obstante, las agencias federales mexicanas omitieron en sus reportes oficiales cualquier protagonismo de la DEA, evidenciando una discrepancia en la narrativa sobre la autoría de los resultados.
Mientras el Gabinete de Seguridad enmarca los aseguramientos dentro de la estrategia nacional de combate a precursores químicos, la agencia estadounidense busca posicionar su rol de supervisión e inteligencia como el eje rector de los operativos en territorio mexicano.
El choque de declaraciones se da apenas días después de que la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionara los elogios públicos del director de la DEA, Terry Cole, hacia el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, advirtiendo que tales expresiones podrían buscar fracturar la cohesión del gabinete federal.
La insistencia de Washington en mediatizar su participación en la seguridad interior reabre las fricciones históricas en torno a los límites de la cooperación bilateral, la autonomía nacional y el uso político que las agencias extranjeras dan a los resultados institucionales en México.
