Por: La Redacción.
Ciudad de México., a 15 de junio del 2026.- La reciente detención de Antonio Molina Díaz, excolaborador clave de Genaro García Luna, ha sacado a la luz un entramado de corrupción que trasciende administraciones. Si bien Molina Díaz es procesado por el presunto desvío de 5 mil millones de pesos en el sistema penitenciario durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, su historial incluye el desvío de al menos 230 millones de pesos durante la administración federal actual, bajo el cobijo de Francisco Garduño Yáñez.
Los contratos fraudulentos documentados involucran a empresas del empresario israelí Uri Emmanuel Ansbacher, quien también fue proveedor del software de espionaje Pegasus tanto para el gobierno de Peña Nieto como para la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
La relación laboral entre Garduño y Molina se consolidó al inicio del sexenio pasado en el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPR). A pesar de los antecedentes de Molina —quien fue nombrado originalmente por García Luna, hoy sentenciado a 38 años de cárcel en Estados Unidos por sus vínculos con el Cártel de Sinaloa—, Garduño mantuvo su confianza en él.
Cuando Francisco Garduño fue nombrado comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) en 2019, Molina fue integrado a la dirección general de Control y Verificación Migratoria. Bajo esta estructura, se firmaron contratos que derivaron en un desfalco de más de 230 millones de pesos, operado a través de 26 empresas «fachada» que carecían de empleados y actividad fiscal real.
Investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y análisis periodísticos han revelado que:
- Molina entregó contratos por más de 324 millones de pesos a la red de empresas de Ansbacher, manteniendo un modus operandi similar al que ya había ejecutado en el sexenio peñista.
- Las empresas contratadas operaban en domicilios vacíos o espacios de coworking.
- El INM manipuló procesos de licitación, pagando sobrecostos de hasta un 122.7% por servicios informáticos.
A pesar de la gestión irregular de los centros de detención migratoria y la tragedia ocurrida en Ciudad Juárez en marzo de 2023 —donde fallecieron 40 migrantes bajo custodia del INM—, Francisco Garduño concluyó su gestión en el instituto sin enfrentar consecuencias penales.
Tras su salida del INM en mayo de 2025, el funcionario fue nombrado en enero pasado como director general de Centros de Formación para el Trabajo en la Secretaría de Educación Pública (SEP). A pesar de haber dirigido la institución más denunciada ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el actual gobierno federal ha calificado su trayectoria como la de un “funcionario ejemplar”.
