Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 29 de julio del 2026.- El desplazamiento forzado de familias en la comunidades en el municipio serrano de Guadalupe y Calvo, ha dejado al descubierto algo más que la brutalidad del crimen organizado en la Sierra Tarahumara: ha evidenciado el uso político de una crisis humanitaria. En menos de una semana, el discurso oficial de la gobernadora María Eugenia Campos Galván ha dado un giro estratégico, pasando del reconocimiento del terror provocado por la delincuencia a la descalificación partidista contra el gobierno federal y local.
El pasado lunes, la narrativa institucional se centró en dimensionar la gravedad de los hechos bajo una óptica fáctica. En esa primera intervención, la mandataria estatal describió con claridad cómo operó el asedio criminal: el corte deliberado de las líneas eléctricas, el sabotaje a la infraestructura de internet y el bloqueo absoluto de los camiones de abasto de Diconsa, privando a la población de alimentos y comunicación.
«Esos desplazados salieron de Guadalupe y Calvo ante el terror de no tener comunicación, suministro eléctrico ni alimentación», reconoció en su momento, situando el origen del éxodo en el poder de fuego y control territorial de los grupos delictivos que operan en la región sur del estado de Chihuahua.
Sin embargo, en declaraciones posteriores, el tono cambió radicalmente para desplazar el foco de la violencia criminal hacia la disputa política. Al referirse nuevamente a la crisis humanitaria de desplazamiento forzado, Campos Galván matizó su versión para responsabilizar directamente a Morena y a la estructura de la Cuarta Transformación:
«Es porque Guadalupe y Calvo está gobernado por Morena… y la misma alcaldesa no nos ha permitido, a través de manipulaciones y mentiras, trabajar para brindarle seguridad», aseveró, exigiendo que sea el gobierno federal el que asuma el costo político y operativo de la pacificación.
La divergencia entre ambas posturas expone una contradicción de fondo en la estrategia de comunicación y seguridad del Gobierno del Estado ya que por un lado acepta la vulnerabilidad institucional al señalar que el crimen organizado es capaz de «tronar» la red eléctrica y de telecomunicaciones a su antojo, se admite implícitamente que las fuerzas del Estado —tanto estatales como federales— carecen de un control real y preventivo en la región serrana.
Y por el otro, la instrumentalización partidista de la tragedia al subordinar el problema a un pleito de partidos bajo la premisa de que el municipio es gobernado por la oposición, se diluye la urgencia de la atención a las víctimas. Mientras el discurso oficial busca endosar la culpa al color partidario de la alcaldía, las familias desplazadas continúan enfrentando el abandono institucional en Baborigame.
La confrontación entre la administración estatal y la federación —mediante reproches mutuos sobre quién debió actuar con mayor rapidez— demuestra que la tragedia en Guadalupe y Calvo corre el riesgo de convertirse en un botín político.
A los habitantes de la Sierra Tarahumara poco les importa el estatus de afiliación partidista de su alcaldesa o los reclamos de la gobernadora hacia el Gabinete de Seguridad Nacional cuando lo que está en juego es la supervivencia básica. Centrar el debate en quién tiene la culpa institucional, mientras las comunidades siguen incomunicadas y a merced de los grupos armados, confirma que en la sierra los únicos ausentes son las garantías efectivas de paz y protección ciudadana.
