Por: La Redacción.
Ciudad de México., a 13 de junio del 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que México llevará ante el Departamento de Justicia de EE. UU. los casos de 17 connacionales fallecidos en centros de internamiento. El Gobierno federal busca transitar de la diplomacia de papel a la exigencia penal, en un caso que pone a prueba la soberanía y la protección de los derechos humanos.
La relación diplomática entre México y Estados Unidos enfrenta un nuevo punto de inflexión. Este lunes, el Gobierno mexicano formalizará denuncias penales ante fiscalías estatales y el Departamento de Justicia estadounidense, buscando esclarecer el fallecimiento de 17 migrantes mexicanos que perdieron la vida bajo custodia de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).
La presidenta Claudia Sheinbaum fue enfática al señalar que las tradicionales cartas diplomáticas han sido insuficientes. La indignación oficial se centra en casos como el de Lorenzo Salgado, cuya muerte en Houston —calificada originalmente por las autoridades estadounidenses como «suicidio» sin una explicación clara— ha detonado una postura más firme por parte de la administración federal.
“Como mexicanos nos indigna que un mexicano fallezca en un centro de detención sin explicación”, declaró la mandataria, marcando un cambio de estrategia que busca que las instituciones judiciales de EE. UU. rindan cuentas sobre lo ocurrido en sus centros de internamiento.
La estrategia del Gobierno mexicano no solo apunta al exterior, sino que busca un frente común al interior del país. Sheinbaum ha instado al Congreso de la Unión y a todas las fuerzas políticas a respaldar esta defensa de los derechos de los connacionales, argumentando que la protección de los mexicanos en el extranjero es una causa que trasciende colores partidistas.
A pesar de la gravedad de las denuncias, el Ejecutivo confía en que esto no fracturará la agenda bilateral: «No queremos afectar la relación, pero imaginen si fuéramos omisos en la defensa de los connacionales», precisó Sheinbaum Pardo al confirmar que los temas comerciales y de seguridad seguirán su curso.
Si bien el anuncio de recurrir a la vía penal y solicitar la intervención del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU es un paso necesario, la pregunta fundamental que queda en el aire es la capacidad de incidencia real del Estado mexicano sobre un sistema migratorio estadounidense que históricamente ha operado con un alto nivel de opacidad.
La formalización de estas denuncias pone a prueba la receptividad del embajador Ronald Johnson y, en última instancia, del sistema judicial estadounidense. La verdadera prueba de esta nueva política no será la presentación de las demandas, sino el logro de sentencias que realmente reparen el daño y eviten que nuevos nombres se sumen a esta lista de 17 fallecidos.
La historia de los migrantes mexicanos en EE. UU. ha estado marcada por la vulnerabilidad y la desprotección. Esta vez, el Estado mexicano apuesta por la judicialización como último recurso para romper un ciclo de impunidad que ha dejado familias rotas y preguntas sin respuesta a ambos lados de la frontera.
