Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 14 de septiembre del 2026.- A casi catorce años del asesinato de los defensores ambientales Ismael Solorio Urrutia y Manuela Solís Contreras, ocurrido el 22 de octubre de 2012, la tensión social y el fantasma de la división regresan al Ejido Benito Juárez, en el municipio de Buenaventura, Chihuahua. Ante los indicios de una posible reactivación de proyectos mineros en su territorio durante este 2026, la comunidad levantó un llamado urgente de alerta a nivel nacional e internacional para prevenir un nuevo ciclo de violencia.
A través de un comunicado emitido este 14 de septiembre, los ejidatarios recordaron que aquel conflicto histórico por la minería fracturó profundamente a la población, dejando heridas imborrables y cobrándose la vida de dos referentes fundamentales en la defensa del agua y la tierra.
Como respuesta a la confrontación de antaño, la Asamblea General de Ejidatarios tomó una determinación histórica el 17 de noviembre de 2012: prohibir por un plazo de 100 años la exploración y explotación minera dentro de sus tierras, exigiendo la salida de la empresa que operaba en la zona. Dicha resolución comunitaria fue ratificada formalmente en 2014 por el Tribunal Unitario Agrario, otorgándole validez jurídica a la voluntad colectiva.
Sin embargo, el escenario actual ha encendido nuevamente las alarmas. La comunidad advierte que la sombra de la minería comercial se asoma de nuevo, amenazando con vulnerar los acuerdos internos y avivar tensiones que creían superadas.
Frente al riesgo de confrontaciones, los pobladores enfatizaron que su postura no responde a una oposición al desarrollo regional, sino al derecho legítimo de decidir sobre sus recursos vitales, la protección del agua y la tranquilidad de sus familias.
«Defender nuestro territorio no significa estar en contra del desarrollo. Significa defender nuestro derecho a decidir qué queremos para nuestra comunidad» subraya el documento, al remarcar que ningún proyecto económico justifica dividir a un pueblo o poner en riesgo la vida de sus habitantes.
Ante el panorama de vulnerabilidad, el Ejido Benito Juárez lanzó una exigencia directa en cuatro vertientes:
- A las autoridades mexicanas: Intervenir de manera preventiva, transparente e imparcial antes de que el conflicto escale a escenarios de violencia.
- A los organismos de derechos humanos y colectivos ambientalistas: Observar de cerca la situación en Buenaventura y brindar acompañamiento a la comunidad en su lucha pacífica.
- A los medios de comunicación y la sociedad: Voltear la mirada hacia la región noroeste de Chihuahua para visibilizar la problemática y evitar que la memoria de Ismael y Manuela quede sepultada por una nueva tragedia.
La comunidad insiste en que su voz busca ser escuchada en el presente para erradicar la violencia del futuro, apostando por el respeto irrestricto a los acuerdos de su Asamblea y al derecho fundamental de vivir en paz sobre su tierra.
