La metrópolis principal de Ecuador ha quedado sumida en lo que parece ser una ciudad desierta, marcada por una escalofriante ola de crímenes violentos que ha llevado al recién electo presidente, Daniel Noboa, a declarar un «estado de guerra» en el país latinoamericano. Guayaquil, con una población de alrededor de 3 millones de habitantes, experimenta un silencio inquietante tras la muerte de 15 personas en todo el país debido a tiroteos, motines, incendios provocados y atentados con coches bomba.
Las calles, normalmente congestionadas, muestran la acumulación de basura, ya que las empresas de recolección de residuos han suspendido sus operaciones, al igual que las instituciones educativas y gubernamentales. La mayoría de las tiendas permanecen cerradas más allá del toque de queda nacional impuesto por el gobierno de 11 de la noche a 5 de la mañana, en respuesta a la violencia de la semana.
En este panorama desolador, la ciudadanía evita salir, y quienes lo hacen lo hacen a toda velocidad para minimizar los riesgos. José Luis Calderón, periodista de TC Televisión, describió la situación como «Guayaquil es un desierto» después de ser secuestrado junto a sus colegas durante el asalto armado a la sede del canal.
Tras este audaz ataque, el presidente Noboa declaró el «estado de conflicto armado interno», destacando la necesidad de resistir contra lo que describió como «terroristas». Mientras las fuerzas de seguridad buscan recuperar el control de las calles y cárceles, persiste la preocupación por 178 guardias y trabajadores aún secuestrados por mafias vinculadas a cárteles mexicanos de la droga.
En medio de la incertidumbre, Marcelo Gutiérrez, portavoz de la Marina, expresó la determinación de las autoridades de enfrentar la situación. Aunque asegura que la situación en Guayaquil está bajo control y la ciudad regresa a la normalidad, los reporteros de The Guardian no encontraron muchos rastros de las fuerzas de seguridad en las calles durante sus recorridos el miércoles y jueves.
El epicentro de la violencia de esta semana fue La Regional, una cárcel de alta seguridad en la periferia norte de Guayaquil, donde José Adolfo Macías Villamar, líder de Los Choneros, vinculado al cártel mexicano de Sinaloa, se fugó desencadenando el caos. El país, que solía ser considerado uno de los más pacíficos de Suramérica, se ve ahora afectado por una situación que ha llevado a la población a compararla con un desastre natural.
Las expectativas de una respuesta enérgica por parte del presidente Noboa para «neutralizar» a las bandas generan preocupación entre expertos en seguridad y derechos humanos. Se teme que la campaña de Noboa pueda resultar en más muertes, y algunos sugieren que la represión masiva podría aumentar, incluso por motivos electorales. En este contexto, la sociedad ecuatoriana se enfrenta a un llamado a la unidad para superar una situación sin precedentes y rescatar al país.
