La activista transgénero Samantha Gómez se dedicaba a impartir talleres y cursos en el sistema penitenciario capitalino, especialmente en Reclusorio Sur.
La activista transgénero Samantha Gómez se dedicaba a impartir talleres y cursos en el sistema penitenciario capitalino, especialmente en Reclusorio Sur.

La Fiscalía ha iniciado una exhaustiva investigación, siguiendo el protocolo de feminicidio, tras el trágico asesinato de Samantha Gómez Fonseca, prominente activista transgénero y defensora de los derechos humanos. Los hechos ocurrieron el pasado domingo, cuando Gómez fue abordada por individuos armados después de salir de una visita a un interno en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México, ubicado en la alcaldía Xochimilco.

Según informes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), la víctima viajaba en un vehículo de alquiler a través de la aplicación Didi, cuando fue víctima de múltiples disparos que le arrebataron la vida de manera abrupta. Los agresores emprendieron la huida en dirección desconocida, desencadenando así la apertura de una carpeta de investigación para determinar responsabilidades. Hasta el momento, su paradero permanece desconocido, y las autoridades continúan con las diligencias correspondientes.

Samantha Gómez Fonseca, reconocida defensora de la comunidad LGBTTTIQ, utilizaba activamente las redes sociales para denunciar actos de discriminación y promover los derechos humanos. Además, convocó a una movilización en el Paseo de la Reforma en favor de la dignidad de las mujeres transgénero. Su destacada labor le valió la medalla al mérito de las y los defensores de derechos humanos en 2022, así como su participación como candidata al Senado de la República por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en 2018 y como aspirante a diputada local de la Ciudad de México en 2021.

En los últimos meses, desempeñó funciones como asesora de legisladores locales y federales de Morena, además de impartir talleres y cursos en el Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. Estos antecedentes, sumados a la naturaleza del crimen, han llevado a la fiscalía a investigar el caso como un feminicidio, mientras la comunidad lamenta la pérdida de una destacada activista comprometida con la defensa de los derechos humanos.

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