Por Samuel Ponce Morales
En México, la violencia con fines político-electorales ha crecido de manera alarmante durante los últimos años. En buena medida, esto se debe a que las organizaciones criminales buscan incidir en los gobiernos locales para obtener acuerdos y, así, operar con impunidad y maximizar las utilidades de sus negocios. Para lograrlo, los grupos delictivos recurren a la cooptación, la amenaza, los sobornos, la negociación y, por supuesto, la violencia.
Por si fuera poco, en México, el crimen organizado ya no sólo influye en la política local, sino que también incide en las elecciones, participando como agente movilizador o inhibidor del voto, como se registró en varias regiones del país en las elecciones intermedias de 2021, en las que se renovó la Cámara de Diputados, varias gubernaturas y centenas de gobiernos municipales.
Destacó un incidente en Sinaloa, en donde grupos criminales secuestraron a varios operadores políticos del Partido Revolucionario Institucional para evitar que movilizaran votantes el día de la jornada electoral, y los liberaron una vez pasados los comicios.
En 2022, la organización Data Cívica publicó un informe con el ilustrativo título “Votar entre balas”. Según este reporte, entre 2018 y 2022, se registraron en México mil 114 ataques, asesinatos, atentados y amenazas contra personas que se desempeñan en el ámbito político, gubernamental o contra instalaciones de gobierno o partidos.
El año con más ataques registrados fue 2022, con 486 eventos violentos, seguido de 2021 con 178. La mayor parte de los atentados ocurren a nivel municipal, pues los gobiernos municipales son clave para la operación territorial del crimen organizado.
Con 75 ataques registrados, Veracruz lidera la lista de estados con más ataques en el periodo de estudio, con el 11.4% de los atentados. En la lista siguen Guanajuato, Oaxaca y Guerrero.
Estos cuatro estados representan el 37.3% de los eventos violentos registrados. Michoacán se encuentra un escalón por debajo de estos cuatro estados, al registrar 38 ataques, lo que sigue siendo un número preocupantemente alto.
Cabe aclarar que éstos son tan sólo los ataques que se logran documentar, pero hay una cifra negra altísima de atentados no registrados. La prensa no es ajena a este entorno de violencia, por lo que cubrir temas electorales y de política local en México es un oficio de alto riesgo.
Michoacán: elecciones bajo fuego
En México, ser candidato puede significar la muerte. Y es que, en las últimas dos décadas, la guerra que libran los cárteles del narcotráfico se ha extendido peligrosamente hacia diversos sectores de la vida pública. De la disputa por las rutas del trasiego de drogas -con todo el engranaje de delitos que se deriva de la producción de narcóticos y sus poderosas ganancias multimillonarias-, las bandas criminales se han pasado a la pelea por el control de los gobiernos.
Diversas investigaciones periodísticas han logrado documentar la imposición de candidaturas de personajes ligados al crimen organizado, pero también múltiples ejecuciones de aspirantes a alcaldes, exalcaldes y diputados, quienes representan una amenaza para sus intereses o, simplemente, no aceptaron alinearse.
Ya en el ejercicio del poder, varios funcionarios o gobernantes han sido asesinados. Muchos de los ataques han sido consumados con saña atroz, a plena luz del día, para mandar un mensaje claro: quienes mandan son ellos, los narcos. En ese extenso campo de batalla, el estado de Michoacán merece un análisis particular.
Estamos hablando de un territorio que ha sido, históricamente, un potente generador de violencia –ocupa el segundo lugar nacional en homicidios dolosos, con un promedio de 90 crímenes cada mes– y que ha visto hacer erupción a cuatro de las organizaciones delictivas o cárteles más violentos que ha habido en México: el Cártel de Los Valencia, el Cártel del Milenio, el Cártel de la Familia Michoacana (después Caballeros Templarios) y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
¿Y por qué Michoacán resulta tan atractivo para el crimen organizado? Uno de esos factores tiene que ver con su ubicación estratégica. Sus 247 kilómetros de litoral en el Pacífico mexicano, combinado con la presencia del puerto que más carga moviliza a nivel nacional (30 millones de toneladas) y su conexión con otros estados claves, como Jalisco, Guerrero, Colima, Guanajuato y Estado de México, representan un poderoso imán para las actividades delictivas.
Hasta sus costas llegan cargamentos de droga, principalmente procedentes de Centroamérica, para ser desembarcadas en el puerto o aguas adentro, y de ahí conducidas en lanchas rápidas a tierra, para continuar su traslado por carretera hacia su destino en la región centro – occidente del país, a la frontera norte y también hacia Estados Unidos.
Otro de los atributos que tiene Michoacán para los objetivos criminales es su extensa zona de bosques, propicia para ocultar los laboratorios de drogas sintéticas, las cuales han desplazado a los cultivos de mariguana que dominaron el mercado en las décadas de los 80 y 90. Se trata de centros productores de narcóticos, enclavados en cañadas, barrancas y otros puntos agrestes que dificultan su ubicación en los operativos del Ejército.
Esos bosques son, además, potenciales zonas de cultivos que arrasan, en extensión territorial, a sus competidores en otros estados del país. Al menos una decena de esos cultivos ocupan el primero o segundo lugar en volúmenes de cosecha que, a los ojos de los criminales, significan nichos de oportunidad para el cobro de piso o de cuotas por cada gramo, cada kilo y cada tonelada colocada en el mercado.
El caso más emblemático de ese negocio para los narcos, lo es el de la producción de aguacate, donde Michoacán es líder mundial y principal abastecedor de este fruto en los hogares y comercios, no solamente de México, sino de Estados Unidos. Tan solo en el Super Bowl, celebrado en días pasados, los productores michoacanos lograron vender más de un millón de toneladas para la elaboración de guacamole.
El llamado oro verde ha dejado ganancias multimillonarias, pero también ha convertido a las marcas aguacateras en un atractivo blanco de los grupos criminales, para la extorsión, el secuestro y el cobro de cuotas.
El narco control de las corporaciones policiacas
Bajo ese contexto, la delincuencia organizada sabe que, para blindar sus diversas actividades es importante tener el control de las corporaciones policiacas y otras áreas estratégicas en los gobiernos. Por ello, incidir en los procesos electorales es clave para sus objetivos.
Imponer su ley en áreas gubernamentales, por ejemplo, les abre la puerta para controlar la Tesorería y la Dirección de Obra Pública, donde pueden obtener remuneradas ganancias.
Ésa es una cruda realidad que vive y padece Michoacán, donde el abstencionismo de la gente al momento de acudir a votar puede llegar a superar el 60%. El miedo a acudir a las urnas se huele en las zonas dominadas por el crimen organizado.
Un dato revelador de esto sucedió en 2021.
Ese año, por primera vez en México, el sistema federal de justicia reconoció que el narcotráfico había incidido en el proceso electoral de Michoacán, mediante el cual se renovó la gubernatura, 113 gobiernos municipales y el Congreso local.
Ese reconocimiento parecía un primer paso hacia la búsqueda de nuevos esquemas que permitieran ir acotando el margen de los cárteles de la droga en los comicios, pero el desaliento vino cuando, lejos de determinar la anulación de las elecciones, la justicia procedió a la validez de resultados bajo el argumento de que los criminales habían incidido, pero solo en ciertas localidades.
Pasaron por alto la ejecución o desaparición de candidatos en esa misma elección y en otras tantas, realizadas en los últimos 20 años, así como el asesinato de mandos policiacos, funcionarios y alcaldes que retratan con toda nitidez el peligroso escenario.
Tan solo del 2005 a la fecha han sido asesinados 13 alcaldes en funciones; otros seis sufrieron ataques mortales tras dejar el cargo, y algunos otros ni siquiera los dejaron llegar al poder: los mataron en campaña o tras haber ganado la elección.
En esa elección del 2021, por ejemplo, Gilberto Mejía ganó la votación y, semanas previas a su toma de posesión, fue privado de la libertad por presuntos sicarios y hasta la fecha nada se sabe de él. Su lugar fue ocupado por una mujer de su mismo partido, Kareli del Río Carranza, pero también fue amenazada y decidió renunciar, junto con los demás regidores, un año después de llegar al gobierno. En una de las amenazas, los delincuentes le dejaron un mensaje, acompañado de una extremidad humana.
También en esa elección del 2021, el candidato del Partido Verde Ecologista de México a diputado por Uruapan –la zona aguacatera más importante del estado-, Omar Plancarte, fue desaparecido en plena campaña proselitista y, hasta la fecha, tampoco no ha sido encontrado.
Y así, ejemplos hay muchos.
A Enrique Hernández Salcedo, candidato a alcalde de Yurécuaro, lo ejecutaron a tiros cuando realizaba su campaña en las elecciones del 2015.
A Fernando Chávez López, alcalde de Buenavista Tomatlán, lo mataron el 8 de julio del 2005 tras una persecución en carretera, la cual acabó cuando, a una calle del Palacio Municipal, los sicarios le dieron alcance y lo abatieron en plena calle.
A Ricardo Guzmán Romero, edil de La Piedad, le dieron muerte cuando repartía propaganda del Partido Acción Nacional, en apoyo de sus candidatos en la elección del 2011.
A Ygnacio López Mendoza, alcalde de Santa Ana Maya, lo hallaron muerto en el año 2013, días después de denunciar públicamente que los criminales le estaban exigiendo que cediera el control de la Tesorería y del departamento de Obra Pública. Era, además, un médico muy querido por su pueblo. Su cuerpo presentaba múltiples golpes.
A Gustavo Garibay, alcalde de Tanhuato, lo ejecutaron en el año 2014, luego de haberse atrevido a hablar, en una reunión con funcionarios federales, sobre los problemas que enfrentaba por las amenazas del crimen organizado. Alguien lo delató y eso le costó la vida.
Alejandro Chávez Zavala, edil de Taretan, murió a balazos en el año 2018 cuando estaba en campaña para buscar reelegirse.
Daniel Otlica, presidente municipal de Nahuatzen, fue encontrado sin vida en el año 2019. Su cuerpo presentaba huellas de tortura y estaba atado de pies y manos, uno de los sellos característicos de los ajustes de cuentas del crimen organizado.
Al diputado Osbaldo Esquivel Lucatero lo asesinaron en un aparente asalto, tras pedir más patrullajes y operativos del Ejército en Buenavista Tomatlán, el municipio más peligroso para gobernar en Michoacán por la cantidad de autoridades ejecutadas.
Entre las víctimas de esta violencia también ha habido mujeres.
A María Santos Gorrostieta, quien gobernó Tiquicheo, le dieron muerte en el año 2012, luego de haber dejado el puesto y de sobrevivir a dos atentados a balazos.
Videoescándalos, normalizados
En Michoacán, las reuniones de autoridades con criminales han sido grabadas y exhibidas. Esas pruebas han acreditado el nivel de colusión que algunos políticos o funcionarios alcanzaron con los cárteles, o bien, el nivel de sometimiento al saber que, de no aliarse con ellos, el costo puede ser la vida.
Esos videoescándalos tuvieron su auge entre los años 2014 y 2015, periodo en el que civiles se levantaron en armas en 36 municipios para hacerle frente a Los Caballeros Templarios, el cártel hegemónico de esa época, el cual había logrado infiltrarse en las policías, los gobiernos y las más altas esferas políticas. Parecía intocable e invencible, hasta que el pueblo se armó y lo enfrentó.
Las grabaciones dejaron al desnudo reuniones de líderes criminales con el hijo del gobernador Fausto Vallejo Figueroa y con su secretario de Gobierno, Jesús Reyna García, así como con el diputado del PRI, José Trinidad Martínez Pasalagua. Todos fueron encarcelados, pero ya están libres y, en el caso de Reyna y Pasalagua, ya inclusive trabajan para crear sus propios partidos políticos.
También fueron públicos videos de diversos presidentes municipales en esas reuniones con líderes de Los Caballeros Templarios.
Igualmente, fue un escándalo nacional el audio donde quedó al descubierto, en el año 2010, un diálogo cordial y hasta amistoso, entre un hermano del entonces gobernador Leonel Godoy, con Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, quien era considerado uno de los cabecillas más violentos y mediáticos del cártel.
El escándalo ocurrió cuando el hermano del gobernador, Julio César Godoy, había ganado la elección a diputado federal y tenía pocas semanas de haber tomado posesión tras una polémica y atropellada elección de la que sobrevivió. El audio con La Tuta fue letal para su carrera política: tuvo que abandonar la curul y, hasta la fecha, es un prófugo de la justicia.
Otro ejemplo trágico para la política mexicana es el de Adalberto Fructuoso Comparán Rodríguez, quien gobernó Aguililla entre los 2008 y 2011, y con el paso de los años quedó demostrado que estaba coludido con el narcotráfico. Se le detuvo en marzo del 2021, en Guatemala, acusado del tráfico de más de 500 kilos de metanfetaminas que tuvieron como destino Florida, en Estados Unidos.
Periodistas de Michoacán, el riesgo al máximo
Los periodistas que ejercen en el territorio michoacano, no escapan al escenario de riesgo electoral.
Al menos 12 periodistas o comunicadores fueron asesinados o desaparecidos entre los años 2005 y 2010, uno de los periodos más violentos de las últimas dos décadas en esa entidad. Al menos cinco más fueron asesinados en la siguiente década, es decir, entre los años 2011 y 2020.
Citar en las notas el nombre de alguno de los líderes delincuenciales o de sus grupos, llegó a significar una sentencia de muerte. Ni las medidas tomadas por algunas empresas periodísticas, como el dotar de chalecos balísticos a su personal de mayor riesgo o de eliminar los créditos en publicaciones sobre los ajustes de cuentas o las actividades criminales, contuvo la espiral de violencia. Las represalias han sido una constante, principalmente en las zonas de mayor dominio de estos grupos.
Los asesinatos de reporteros también han llegado a las principales ciudades: a Abraham Mendoza, conductor de noticias en radio y televisión, lo ejecutaron de varios balazos a plena luz del día en la avenida más importante de la capital Morelia, cuando se encontraba en una pausa de su profesión el 19 de julio del 2021, el año de las elecciones donde la justicia reconoció la injerencia del crimen organizado en el sentido del voto.
Mauricio Estrada, José Antonio Apac, María Esther Aguilar Casimbe, Ramón Ángeles Zalpa, Jaime Arturo Olvera Bravo, Juan Pablo Solís, Miguel Ángel Villagómez, Hugo Alfredo Oliveras Cartas, Fidel Ávila Gómez y Luis Eduardo Ochoa Aguilar, son algunos de los nombres de periodistas, comunicadores, fotógrafos o reporteros que ya no están.
Sus vidas fueron apagadas en ese grave contexto de violencia que ha golpeado a Michoacán y que, inevitablemente, a muchos otros que aún ejercen, los ha atemorizado.
Son hoy plumas activas, pero silenciadas.
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El texto original de este artículo fue publicado por la Agencia Quadratín
