Por: La Redacción.
Chihuahua, Chih., a 26 de marzo del 2026.- En una exhibición de sordera legislativa, el bloque mayoritario en el Congreso del Estado, encabezado por el PAN y el PRI —con el vergonzoso acompañamiento del MC, PT y Verde—, sepultó la posibilidad de una verdadera justicia intercultural para Chihuahua. Al rechazar la reserva propuesta por la diputada rarámuri Edith Palma Ontiveros, el Legislativo optó por la simulación sobre la transformación.
Dicha propuesta buscaba crear una Sala de Justicias Indígena dentro del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) con la cual se buscaba garantizar el acceso a la justicia con enfoque intercultural y perspectiva de género, reconociendo los sistemas normativos propios de los pueblos originarios.
Esta medida, impulsada tras sentencias federales y demandas comunitarias en estados como Chihuahua, Oaxaca y el Estado de México, valida resoluciones comunitarias y protege derechos fundamentales en coordinación con el sistema estatal.
El dictamen aprobado pretende que jueces civiles, familiares o penales —que no tienen la menor idea de la cosmovisión indígena— sean quienes «validen» las resoluciones de las autoridades tradicionales. Ante esto, la diputada Palma Ontiveros fue tajante: no se puede juzgar lo que no se comprende.
La propuesta de Morena era clara y ambiciosa: la creación de una Sala de Justicia Indígena dentro del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Una instancia con traductores, expertos en sistemas normativos propios y un enfoque que Oaxaca y el Estado de México ya aplican con éxito, pero que en Chihuahua parece ser «demasiada justicia» para los poderosos.
Lo más grave de este rechazo no es solo técnico, es democrático:
- Ignoraron la Consulta: En la Consulta Indígena de 2025, las comunidades dijeron un «SÍ» unánime a los juzgados especializados. Los diputados escucharon, pero decidieron no obedecer.
- Burlaron al Poder Judicial: Existe un amparo (444/2024) que obliga al Congreso a generar mecanismos reales de protección. Lo aprobado hoy es apenas un «trámite» para intentar sacudirse la presión judicial.
«¿Se legisla para cumplir el trámite o para transformar realidades?», cuestionó Edith Palma desde la tribuna. Para la legisladora, quien ha sido gobernadora indígena, delegar los asuntos indígenas a jueces ordinarios es, en los hechos, mantener el racismo institucional que ha excluido a los pueblos originarios por siglos.
Mientras los discursos oficiales se llenan de orgullo por la «Sierra Tarahumara», en la práctica, los votos de la derecha y sus satélites dejaron claro que para ellos, la autonomía indígena termina donde empieza la verdadera estructura del poder judicial.
