Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 10 de mayo del 2026.- Mientras el discurso oficial resalta el progreso del estado, en las sombras de la burocracia estatal yace una omisión que ha cumplido más de década y media: la Ley de Bienestar Animal de Chihuahua es, a la fecha, una «ley muerta». La diputada Jael Argüelles Díaz (Morena) denunció esta semana que, desde el año 2010, el Poder Ejecutivo ha mantenido congelada la reglamentación y el financiamiento de una norma que debería proteger a los animales y, por extensión, a la ciudadanía.
«La ley existe, pero el gobierno ha decidido no aplicarla», sentenció Argüelles Díaz. Esta negligencia no solo es un tema de ética hacia los animales; es hoy el motor de una crisis de salud pública que tiene a Chihuahua en el vergonzoso primer lugar nacional de letalidad por rickettsiosis.
La conexión entre el abandono animal y la tragedia humana es directa. Durante el 2025, el estado registró 108 casos de rickettsiosis, de los cuales 54 terminaron en defunción. Esta tasa de mortalidad del 50% es, según la legisladora, el resultado de un gobierno que «no previene, no actúa y siempre llega tarde».
A pesar de la gravedad, la inacción es alarmante:
- Fumigación insuficiente: Apenas 118 domicilios atendidos en todo el año.
- Presupuesto inexistente: El Fondo Estatal de Bienestar Animal sigue sin un solo peso asignado.
- Resistencia Constitucional: El Ejecutivo mantiene «congelada» la publicación de la reforma constitucional de 2025 que prohíbe el maltrato animal.
Ante este panorama, la congresista presentó un exhorto para obligar al Estado a dejar de evadir sus responsabilidades. La propuesta es clara: no basta con publicar el reglamento, se requiere músculo financiero. Argüelles propone que el Fondo Estatal de Bienestar Animal reciba, por ley, no menos del 10% del presupuesto destinado a la Secretaría de Ecología.
«No es un favor; es una obligación legal», afirmó la diputada. Mientras las organizaciones de la sociedad civil y los municipios cargan con el peso de las esterilizaciones y el control de plagas, el Estado permanece como un espectador pasivo. Para Chihuahua, cada día sin reglamento es un día más de riesgo sanitario y crueldad institucionalizada.
