Por: La Redacción.
Chihuahua, Chih., a 10 de mayo del 2026.- Lo que comenzó como un rumor de pasillo en la política nacional ha escalado a la máxima tribuna de Chihuahua con la fuerza de un proceso judicial internacional.
La diputada Carla Rivas (PAN) lanzó una acusación frontal contra funcionarios de MORENA, vinculándolos directamente con el tráfico de fentanilo y la protección institucional al crimen organizado.
«No es discurso político», sentenció Rivas ante el pleno. La legisladora subrayó que las acusaciones, radicadas en el Distrito Sur de Nueva York, no son simples señalamientos mediáticos, sino investigaciones federales que apuntan a una colaboración sistemática para introducir drogas a territorio estadounidense y la presunta intervención de cárteles en procesos electorales.
La narrativa presentada por la diputada describe un panorama alarmante: el uso de corporaciones policiales, la filtración de inteligencia y el uso de armamento militar para favorecer operaciones del narcotráfico. Según Rivas, la gravedad aumenta ante la opacidad del Gobierno Federal, señalando que, mientras algunos funcionarios han solicitado licencia bajo el pretexto de «colaborar», el propio Secretario de Seguridad Federal ha mostrado incertidumbre sobre el paradero real de los implicados.
Ante lo que calificó como una «protección institucional», la legisladora panista presentó un punto de acuerdo urgente. El objetivo es exhortar a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Cancillería a que cumplan estrictamente con el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos.
Rivas fue clara: México no puede ser refugio de funcionarios señalados por fiscales federales extranjeros. La solicitud diplomática de detención provisional con fines de extradición ya está sobre la mesa, y el silencio de las autoridades mexicanas, según la diputada, solo refuerza la sospecha de complicidad.
