Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., 15 de septiembre del 2026. — Aunque el Pleno del Congreso del Estado aprobó por mayoría de votos la reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes —impulsada por el PAN para limitar celulares en las aulas y restringir redes sociales a menores de 14 años—, el debate legislativo dejó al descubierto fisuras sobre la viabilidad jurídica y el alcance de las medidas frente a la postura de Morena, que exigía frenar el dictamen para armonizarlo con las directrices federales.
La iniciativa presentada en tribuna por el diputado Carlos Alfredo Olson San Vicente modifica el artículo 7º de la ley estatal para establecer restricciones al uso de teléfonos en planteles educativos de educación básica y media superior —cuyos lineamientos operativos deberán ser emitidos por la Secretaría de Educación y Deporte en un plazo de 180 días naturales—, además de fijar candados corporativos a las plataformas digitales, prohibiendo su acceso a menores de 14 años y exigiendo consentimiento parental para el bloque de 14 a 17 años.
«No estamos legislando contra la tecnología ni contra la libertad. Un menor no está en igualdad de condiciones frente a algoritmos diseñados para capturar su atención durante horas», defendió Olson durante la discusión.
Pese a la aprobación del bloque mayoritario, la discusión estuvo marcada por el posicionamiento de la diputada Jael Argüelles Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena, quien solicitó infructuosamente devolver el dictamen a la Comisión de Salud para fortalecerlo y evitar choques legales.
Argüelles Díaz argumentó que la protección a la infancia en entornos digitales es una prioridad ineludible, pero advirtió que las disposiciones debían transitar hacia un esquema de regulación responsable y no de prohibición absoluta.
«No vamos a censurar, vamos a regular. No se trata de prohibir, sino de proteger, orientar y acompañar» sostuvo la legisladora al señalar que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo convocó a foros regionales para construir una propuesta normativa a nivel nacional.
Bajo esta óptica, la bancada de Morena advirtió que ciertos apartados del dictamen local relacionados con internet, plataformas digitales y protección de datos personales presentaban vacíos que ponían en riesgo su viabilidad constitucional y su correcta armonización con la legislación federal en construcción. Ante la negativa del Pleno para frenar la votación y esperar dichos resultados federales, se propuso una reserva enfocada en ajustar las disposiciones una vez que el Congreso de la Unión emita el marco general, priorizando la alfabetización digital y el acompañamiento familiar por encima de los vetos operativos a las grandes tecnológicas.
Con esta reforma, Chihuahua se coloca en la primera línea de los congresos estatales que buscan frenar los estragos de la hiperconexión en la niñez. Sin embargo, el diferendo legislativo anticipa que el verdadero reto no será solo su publicación en el Periódico Oficial del Estado, sino la defensa jurídica ante las corporaciones tecnológicas internacionales y la capacidad real de las escuelas y familias para hacer valer los límites en las aulas sin vulnerar los derechos de las nuevas generaciones.
