Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 8 de febrero del 2025.- Un tribunal Colegiado ordenó al Gobierno del Estado de Chihuahua a indemnizar a una adolescente de 13 años por haberle impedido realizarse un aborto, esto a pesar de que la menor fue victima de una agresión sexual en el 2023.
La sentencia de los Tribunales Colegiados es contundente y obliga las autoridades estatales a resarcir económicamente el trauma y la violencia institucional generada, así como la revictimización de la adolescente, enviando un mensaje claro al Gobierno del Estado que encabeza la panista María Eugenia Campos Galván. “obstaculizar el derecho al aborto tiene consecuencias legales y financieras”.
Este fallo no solamente no tiene precedentes, sino sacudé abrutamente los cimientos del Sistema de Salud Estatal obligandolo a reconocer su responsabilidad en la violación de los derechos humanos de una adolescente a quien se le negó el acceso a un aborto legal derivado de una agresión sexual.
El Estado no solo ha tenido que acatar una sentencia de amparo, sino que deberá pagar una reparación económica del daño, sentando un precedente de «cero tolerancia» a la burocracia que tortura a las víctimas. Esta resolución no solo es un acto de justicia para una familia, sino el reconocimiento oficial de que el Estado violó derechos humanos fundamentales.
El Calvario de los 13 Años: Cuando el Estado es el Obstáculo
La historia comenzó en 2023. Una adolescente de apenas 13 años, tras sufrir una agresión sexual, buscó el apoyo del sistema de salud estatal en donde se topó con un laberinto burocrático pues al acudir al Hospital General “Dr Salvador Subirán Anchondo donde inicialmente se le aprobó el servicio de interrupción del embarazo, tres días antes de la cita, la clinica canceló el procedimiento argumentando que ya tenía 16 semanas de gestación.
El personal médico se escudó en el artículo 146 del Código Penal estatal, que limita la interrupción a los primeros 90 días, ignorando deliberadamente la NOM-046, una normativa federal vigente desde hace más de una década que no impone límites de tiempo en casos de violación, refirieron las ong´s Marea Verde y abortistasmx.
“La mamá ya estaba muy desesperada; sabía que su hija corría riesgos de salud y cargaba con la angustia emocional de todo lo que implica esta situación”, relata Laura Dorado, abogada de Aborto Seguro Chihuahua.
Ante la negativa y la lentitud del Poder Judicial Federal para otorgar una suspensión de plano, la organización GIRE determinó que la salud de la menor no podía esperar más a la burocracia chihuahuense por lo que la adolescente tuvo que ser trasladada de emergencia a la Ciudad de México para recibir la atención que su propio estado le negaba.
“Esos días que nos hicieron perder en el juzgado fueron indispensables… vemos una negligencia tanto del Poder Judicial federal como de las autoridades del estado”, sentenció Melissa Ayala, coordinadora de litigio en GIRE.
El caso pone de relieve una crisis sistémica en Chihuahua. A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha reafirmado la validez de la NOM-046 y ha declarado inconstitucional la criminalización del aborto, el Sistema de Salud de Chihuahua sigue resistiéndose.
Cifras que alarman:
- En Chihuahua, se realizan en promedio 6 acompañamientos mensuales a víctimas de violencia sexual.
- Tan solo este año, se han registrado al menos 5 negativas de servicio por parte del estado en casos de violación.
- Entre 2019 y 2022, apenas se realizaron 24 procedimientos de interrupción voluntaria en todo el estado, una cifra bajísima comparada con los índices de violencia.
La sentencia de los Tribunales Colegiados es contundente: las autoridades deben resarcir económicamente el trauma y la violencia institucional generada. Este fallo envía un mensaje claro al Gobierno del Estado: obstaculizar el derecho al aborto tiene consecuencias legales y financieras.
Actualmente, el Congreso de Chihuahua mantiene en la «congeladora» una iniciativa para despenalizar el aborto y armonizar el Código Penal con los criterios de la Corte. Mientras tanto, las colectivas y redes de acompañamiento advierten que seguirán luchando: por cada servicio negado, habrá una batalla legal que el Gobierno tendrá que pagar.
La victoria de esta adolescente no borra el trauma, pero le pone nombre a la falta: responsabilidad del Estado. Chihuahua ya no puede pretender que sus leyes locales están por encima de los derechos humanos internacionales. La justicia llegó, pero tuvo que viajar hasta la capital del país para ser encontrada.
De acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia del estado de Chihuahua de enero al 11 de noviembre del 2024 fueron recibidas 2 mil 268 denuncias por agresión sexual en sus distintas modalidades en perjuicio de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años de edad.
De esas 2 mil 268 denuncias por violencia sexual a menores, sólo 2 mil 100 avanzaron para la integración de una carpeta de investigación de las cuales mil 739 se conformó carpeta de investigación, judicializándose solo 83 y recibiendo sentencia condenatoria solo 19. Mientras que 124 recibieron otra resolución.
De acuerdo a lo anterior sugiere que menos del 10 por ciento de las denuncias registradas de enero a noviembre del 2024 recibieron una resolución, quedando rezagadas las demás denuncias y carpetas de investigación por este delito tan sensible en contra de las niñas, niños y adolescentes.
Los municipios con el mayor número de denuncias por agresión sexual a menores continua siendo Ciudad Juárez con 984 casos, Chihuahua con 690, Cuauhtémoc con 134, Delicias con 73, Parral con 54, Guachochi con 34, Nuevo Casas Grandes con 31, Jiménez con 18, Madera y Guadalupe y Calvo con 16 casos respectivamente, Bocoyna y Aldama con 15, Guerrero con 11. Finalmente otros municipios registraron 108 denuncias por este delito que en suma son 2 mil 268 agresiones.
Esta violencia contra la infancia no distingue géneros, sin embargo, siguen siendo las niñas quienen enfrentan mayormente este tipo de agresiones con mil 983 casos y 285 niños. Todos ellos dentro del rango de edad de entre 0 a 17 años de edad.
Las victimas de esta violencia 983 con niñas y niños de entre 0 a 11 años de edad y mil 285 de entre 12 a 17 años de edad.
Pensar en un niño o niña siendo víctima de un abuso sexual es algo que nos estremece. Nos hace cerrar los ojos, mirar a otro lado, intentar que ninguna imagen se cuele en nuestro cerebro. Es algo que definitivamente nadie queremos vivir, que lo vivan ningún pequeño que esté cerca nuestra y en definitiva, que ningún niño o niña tuviera que vivir.
Los abusos sexuales son una de las peores formas de violencia que existe contra la infancia. El simple hecho de que un adulto engañe a un niño para acercarse a él con un objetivo sexual es algo terrible. Sin embargo, entre un 10 y un 20% de la población ha sido víctima de abusos sexuales en la infancia.
Lo peor no es la cifra de niños y niñas que han sido víctimas de abusos sexuales, sino que esa cifra solo es la punta del iceberg. Se estima que solo el 15% de los casos de abusos son denunciados y, generalmente, con un final bastante amargo.
Ni el 10% de las denuncias por violencia sexual contra menores en Chihuahua llega a judicializarse
