Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Ciudad de México., a 30 de abril del 2026.- En una respuesta que tensa al máximo la relación bilateral por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) quien anunció que no procederá de manera automática con la orden de detención contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, lo anterior a pesar de la presión desde Nueva York por presuntos nexos con «Los Chapitos», la fiscalía mexicana determinó que el expediente enviado por EE. UU. no es suficiente.
El titular de la fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, y vocero de la FGR, Ulises Lara López, fue tajante al asegurar que la solicitud de extradición no aporta evidencias que, bajo las leyes mexicanas que justifiquen una captura inmediata del gobernador morenista.
Para la fiscalía que dirige Ernestina Godoy, los hechos narrados por las autoridades estadounidenses no se acompañan de elementos probatorios sólidos.
«Es obligación de esta fiscalía analizar la documentación para establecer si existen los elementos necesarios… dicha solicitud no se acompaña de evidencias contundentes respecto de los hechos narrados», puntualizó Lara López.
Con esto, México deja claro que no aceptará «línea» de la justicia extranjera sin antes realizar su propia investigación interna para verificar la veracidad de los señalamientos.
La FGR también recordó un obstáculo legal clave que Washington parece haber ignorado: la inmunidad procesal, pues al ser un Rocha Moya gobernador en funciones, para proceder en su contra se requeriría iniciar un juicio de procedencia en el Congreso para retirarle el fuero, un proceso político que protege la soberanía nacional.
Además, la fiscalía lanzó un reclamo diplomático por la filtración de la orden de captura a los medios, señalando que esto viola los protocolos de confidencialidad de la Convención de Viena y pone en riesgo el debido proceso.
De manera paralela, la FGR iniciará su propia pesquisa para allegarse de información y decidir si existe fundamento legal para solicitar órdenes de aprehensión en territorio nacional. Con este movimiento, el gobierno mexicano pone una pausa indefinida al caso, blindando legalmente al mandatario sinaloense mientras se analiza la «viabilidad» de las acusaciones extranjeras.
