Por: Estela Melka Ben-Ami
Baja California, Cal., a 20 de septiembre del 2026.- En el marco de su segundo informe de gobierno y en pleno mes patrio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo emprendió una gira por la franja fronteriza que incluyó paradas en Tijuana, Baja California, y Ciudad Juárez, Chihuahua. El eje discursivo de la mandataria federal giró en torno a la defensa de la soberanía nacional, utilizando el ideario de José María Morelos y Pavón para enfatizar que el destino del país lo define únicamente el pueblo de México y no potencias extranjeras.
Sin embargo, más allá de la arenga independentista, la gira dejó al descubierto una marcada divergencia en el trato político dispensado a las mandatarias estatales de la región, evidenciando los criterios pragmáticos que imperan en la relación entre el poder central y los gobiernos locales.
En su paso por Tijuana, Sheinbaum cerró filas y otorgó un evidente respaldo político a la gobernadora morenista Marina del Pilar Ávila Olmeda. La titular del Ejecutivo federal destacó la coordinación institucional y proyectos conjuntos de infraestructura hídrica, como la próxima colocación de la primera piedra de la planta desalinizadora de Tijuana y Rosarito.
Este espaldarazo ocurre en un contexto de alta sensibilidad política para la administración bajacaliforniana. Ávila Olmeda arrastra una fuerte controversia tras revelarse la cancelación de su visa por parte del gobierno de Estados Unidos en 2025, derivada de señalamientos y la difusión de audios filtrados que apuntan a presuntas negociaciones con agencias estadounidenses. Pese a las implicaciones de seguridad y diplomacia que esto conlleva, la lectura desde el centro priorizó la alianza partidista y la continuidad de los proyectos estatales.
El contraste geográfico y político se hizo evidente en territorio chihuahuense. Durante su estancia en Ciudad Juárez, la presidenta evitó aparecer públicamente en fotografías o difundir registros oficiales de encuentro con la gobernadora panista María Eugenia Campos Galván. La diferencia en la exposición institucional reflejó un trato distante, donde la sintonía política partidista parece condicionar el nivel de cercanía y validación pública por parte de la Presidencia de la República.
El discurso de la soberanía nacional es un pilar histórico indiscutible en la retórica de la administración federal; no obstante, su aplicación en el terreno práctico convive de manera incómoda con los claroscuros de la realidad política regional. Mientras la exigencia de no intervención extranjera se enarbola con firmeza ante Washington, al interior del país la evaluación de los gobernantes locales parece medirse con una vara diferenciada: se condona o minimiza el escrutinio internacional y las polémicas de seguridad cuando se trata de aliados de la autodenominada Cuarta Transformación, al tiempo que se marca distancia institucional con las administraciones de oposición.
Con esta gira, la narrativa oficial de soberanía e independencia queda inevitablemente matizada por las alianzas pragmáticas, recordando que en el tablero político nacional la lealtad partidista sigue pesando más que la uniformidad en los criterios de rendición de cuentas y probidad institucional.
